El fiscal ha rebajado este jueves su petición de penas para el cerca de medio centenar de acusados en el juicio a la banda motera Los Ángeles del Infierno por supuestos múltiples delitos en Mallorca, cometidos entre 2009 y 2013. El motivo alegado para esta reducción en la solicitud de condenas han sido las dilaciones indebidas del procedimiento.
Transcurridos diez años desde la operación que desarticuló al último grupo de Los Ángeles del Infierno instalado en la isla, la Audiencia Nacional celebra estos días, en Madrid, el correspondiente juicio. Inicialmente, 35 de los acusados aceptaron diversas penas tras confesar los hechos, todo ello en virtud de un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la petición de condenas.
La circunstancia atenuante de dilaciones indebidas apreciada por el fiscal beneficia a todos los acusados, tanto a los que acordaron el citado pacto con la Fiscalía como a los que se han sentado en el banquillo, entre ellos el considerado líder del capítulo de Mallorca de la banda, el alemán Frank Hanebuth, para quien se solicitan ahora 12 años de prisión, uno menos que antes.
MÚLTIPLES DELITOS
La causa se sigue por múltiples delitos supuestamente cometidos por miembros de la banda relacionados con negocios de prostitución y tráfico de drogas, además de amenazas, extorsiones, coacciones, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, entre otros cargos.
En la sesión de este jueves, el fiscal ha comunicado sus conclusiones definitivas, en la que ha retirado la acusación para una alemana que se enfrentaba a una petición de cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Por su parte, las defensas de los procesados que no han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía han pedido la libre absolución de sus representados.
La mayor petición de pena es para el considerado tesorero del capítulo de Mallorca, Abdelghani Youssfi, para el que se reclaman 28 años y medio de prisión, cinco menos que al inicio del juicio. Para su hermano Khalil, supuesto vicepresidente del capítulo, que sí pactó con la Fiscalía, la petición es de 11 años y nueve meses (antes, 12 años y 3 meses).
HOMBRE DE CONFIANZA
También se enfrenta a una petición de 11 años y 9 meses de prisión el considerado hombre de confianza de Hanebuth, el alemán Paul Engelke, para el que anteriormente el fiscal pedía 14 años y medio. En cuanto al también germano Norbert Adolf Kleine, que presuntamente ocupó durante un periodo el cargo de presidente del capítulo de Mallorca, el fiscal solicita cinco años y medio de cárcel, un año menos que en las provisionales.
Finalmente, para el considerado por el fiscal como el sargento de armas del capítulo mallorquín, el también alemán Joachim kirschner, la petición se rebaja de cinco a cuatro años.
ENCAUSADOS UN GUARDIA CIVIL Y DOS POLICÍAS LOCALES
Entre los acusados se encuentra un sargento de la Guardia Civil al que se le achaca colaborar con la banda. En este caso, la petición inicial del fiscal era de cinco años y medio de prisión. Sin embargo, la solicitud de pena ha quedado establecida en cuatro años al retirársele la acusación por el delito de falsedad en documento mercantil, estimándose favorablemente una de las alegaciones del abogado defensor, Gonzalo Ospina.
También están acusados dos policías locales de Palma, uno de los cuales se enfrenta a seis años y tres meses de cárcel (antes, siete años y medio) y el otro a un año de inhabilitación (seis meses menos que en la anterior formulación).
VIOLENCIA
El fiscal ha añadido a su relato de hechos que "la expansión de la banda provocó la aparición de fenómenos de violencia contra miembros de otras organizaciones rivales, como los denominados 'Bandidos' o los 'Gremiums'". Según ha señalado en sus conclusiones definitivas, que ha presentado este jueves, "una de las amenazas más graves asociadas con este fenómeno expansivo es la tendencia a usar la violencia, con disposición a utilizar armas de fuego y otras".
El representante del Ministerio fiscal añade que se constató la incorporación al capítulo de Mallorca de nuevos miembros de la organización con sede en Izmir (Turquía), procedentes de Alemania. "Esta circunstancia se debió a las medidas judiciales y gubernativas que se adoptaron contra esta organización criminal en los diferentes 'landers' alemanes, como la prohibición de ostentar simbología propia, cierre de las sedes o locales de reunión y confiscación de propiedades", ha agregado el fiscal.
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