España acaba de alcanzar un hito histórico que me genera sentimientos contradictorios. Tras décadas de promesas incumplidas, el programa UNICO-Demanda Rural ha logrado oficialmente garantizar conectividad de al menos 100 Mbps al 100% de la población nacional. Según los datos del Informe de Cobertura de Banda Ancha 2024 del Ministerio para la Transformación Digital, la cobertura de fibra óptica alcanza ya el 94,79% de los hogares españoles y el 86,52% de los hogares rurales, mientras que el resto se cubre con conectividad satelital a través del programa Conectate35.es de Hispasat. En otras palabras: hemos alcanzado el 100% de cobertura (al menos según esos datos oficiales), pero el desafío real apenas comienza.
Como funcionario que ha trabajado durante décadas en primera línea de la transformación digital pública, debería celebrar estos números. España lidera Europa en fibra óptica —triplicándose en tan solo tres años—, y hemos conseguido que los últimos 1,3 millones de hogares en "zonas blancas" puedan acceder a internet de alta velocidad por 35 euros al mes. Sobre el papel, es un éxito rotundo.
Pero no todo son cifras, sobre todo cuando estas, aunque positivas, no se reflejan en la realidad, y es aquí es donde debo ser crítico: haber solucionado el problema técnico de la conectividad no significa haber resuelto la brecha digital rural. No es en absoluto lo mismo. De hecho, puede que hayamos creado una falsa sensación de victoria que oculte los verdaderos desafíos.
No existe un único tipo de brecha digital. Los datos sobre competencias digitales son devastadores y revelan la dimensión real del problema. Según el estudio sobre la llamada España Verde, conformada por las regiones de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, más del 35% de la población rural en Galicia y Cantabria carece de las competencias digitales mínimas. Es decir, hemos llevado autopistas de fibra óptica a pueblos cuyos habitantes no saben conducir digitalmente. Es como construir el AVE sin formar a los maquinistas, o peor, sin tener pasajeros: la infraestructura está, pero el servicio sigue sin ser efectivo.
Estamos implementando soluciones tecnológicas mientras ignoramos completamente el marco legal que ya tenemos
Y me preocupa, desde mi perspectiva jurídico-administrativa, que estamos implementando soluciones tecnológicas mientras ignoramos completamente el marco legal que ya tenemos. El artículo 81 de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales) establece desde 2018 el "derecho de acceso universal a Internet" como un derecho fundamental, garantizando "un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población" con especial atención a "la realidad específica de los entornos rurales".
Más revelador aún es el artículo 70.bis.3 de la LBRL (Ley de Bases del Régimen Local), que desde 2003 —hace más de veinte años— obliga a los municipios a "impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos". Es decir, el acceso a internet no es solo una infraestructura técnica, sino, en cierto modo, un servicio público local que los ayuntamientos deben prestar con ayuda de las diputaciones. Y un derecho de la ciudadanía, por tanto.
No obstante, la realidad de los municipios pequeños es otra. Alcaldes de 75 años con verdadera vocación de servicio público y que intentan gestionar sedes electrónicas con conexiones de 100 Mbps, todo ello sin saber de tecnología. Funcionarios locales que reciben trámites digitales pero siguen imprimiendo todo para procesarlo manualmente. Ciudadanos mayores que tienen fibra en casa pero llaman por teléfono porque no saben (ni tienen por qué saber) rellenar un formulario online y firmarlo electrónicamente.
El verdadero problema de la brecha digital rural no es la velocidad de conexión, es la velocidad de adaptación. Y ahí nuestras administraciones públicas siguen fallando estrepitosamente. Hemos gastado 76,32 millones de euros en el programa UNICO-Demanda Rural para garantizar conectividad, pero ¿cuánto hemos invertido en formar a los usuarios que van a utilizar esa conectividad?
La paradoja es que ahora, ya con esta cobertura universal, la presión sobre las administraciones locales va a aumentar exponencialmente. Los ciudadanos van a exigir servicios digitales equivalentes a los urbanos, pero muchos ayuntamientos rurales no tienen ni los recursos humanos ni las competencias técnicas para ofrecerlos.
Conozco municipios de 300 habitantes donde el secretario-interventor trabaja media jornada porque tiene acumulados varios ayuntamientos más, y en ese tiempo debe gestionar directamente o formar a sus pocos compañeros en “todo lo electrónico” que impone la ley: sede electrónica, factura electrónica, contratación digital y atención ciudadana telemática.
Al final, cada palo aguanta su vela haciendo la guerra por su cuenta, inventando la rueda una y otra vez. Frustra la falta de liderazgo institucional para abordar estos desafíos desde una perspectiva integral, más allá de la inversión, que en absoluto se desprecia. Tenemos el marco legal, tenemos la infraestructura, tenemos los fondos europeos, pero seguimos funcionando con una mentalidad de parches tecnológicos en lugar de abordar una transformación real, estratégica e integral del servicio público.
Seguimos funcionando con una mentalidad de parches tecnológicos en lugar de abordar una transformación real, estratégica e integral del servicio público
En cualquier caso, los municipios de la España rural necesitan ayuda. La LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) ya estableció en 2013 que corresponde a las diputaciones la prestación de servicios de administración electrónica en municipios menores de 20.000 habitantes, pero la mayoría siguen sin desarrollar planes integrales de alfabetización digital rural. Seguimos pensando que digitalizar es poner ordenadores, cuando digitalizar es cambiar la manera de prestar servicios públicos. La tecnología solo tiene sentido si se traduce en eficiencia, siempre que esta no sea a costa de la deshumanización del servicio, claro está.
Mi propuesta, desde la experiencia práctica, se basaría en el refuerzo de tres pilares fundamentales:
- Alfabetización digital intergeneracional: crear redes de voluntariado tecnológico donde jóvenes rurales enseñen a mayores, aprovechando que ya tenemos cobertura universal. No más cursos municipales de "informática para mayores" que nadie continúa, sino alfabetización práctica en tecnología útil, incluida por supuesto la Inteligencia Artificial.
- Fortalecimiento de las administraciones locales: mancomunar servicios digitales entre municipios pequeños, crear puestos técnicos compartidos y desarrollar plataformas de gestión municipal específicas para entidades menores. El secretario-interventor de tres pueblos no puede ser también el administrador de sistemas.
- Servicios digitales rurales específicos: adaptar los trámites electrónicos a las realidades rurales, crear puntos de asistencia digital en farmacias y centros de salud, y desarrollar aplicaciones accesibles que funcionen realmente para personas con competencias digitales básicas.
No sirve de nada tener la mejor infraestructura del mundo si no somos capaces de ponerla al servicio de las personas reales que viven en los territorios reales. España puede presumir de ser líder europeo en fibra óptica, pero seguiremos teniendo brecha digital mientras no seamos también líderes en hacer que esa tecnología mejore realmente la vida de nuestros conciudadanos rurales.
No sirve de nada tener la mejor infraestructura del mundo si no somos capaces de ponerla al servicio de las personas reales que viven en los territorios reales
En definitiva, debemos entender que existen varios tipos de brechas digitales; y sobre todo que la brecha digital rural es un problema de primera magnitud, porque su solución es en gran parte la de otros problemas, como la de la España vaciada, la vivienda, la teletramitación administrativa de la mayoría de los ciudadanos, el teletrabajo desde el campo para empresas ubicadas en la gran ciudad, y el trabajo desde y para los territorios insulares. La conectividad universal es solo el principio. El verdadero desafío de la transformación digital rural acaba de empezar.
Víctor Almonacid Lamelas
