Calmado y con un tono discreto pero firme, Gabriel Oliver recibe a mallorcadiario.com en su nuevo despacho de la Audiencia. Apenas ha tenido tiempo de asentarse. Sigue metido de lleno en los problemas y necesidades de cada sala. Han pasado solo tres meses desde su nombramiento, pero el trabajo se acumula. Debe aplicar las reformas de Bolaños y, al mismo tiempo, apaciguar las aguas dentro del colectivo judicial. “Mi prioridad es ayudar a mis compañeros y afrontar con orden la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal”, asegura.
Reconoce que las secciones penales acumulan los mayores retrasos y que el nuevo modelo de tribunales de instancia supondrá un cambio profundo en la organización judicial. Defiende que la independencia judicial “no está en duda” en Baleares, aunque alerta de la polarización política que erosiona la confianza ciudadana. “Los jueces trabajamos para preservar la imparcialidad”, sentencia. Y, mirando al futuro, resume su propósito con una fórmula sencilla, “estabilidad, medios materiales y más plazas para que la justicia balear pueda funcionar con eficacia”.
"Estoy en contacto con las compañeras con las que competí por el cargo para afrontar juntos la reorganización judicial"
Han pasado varios años sin presidencia estable en la Audiencia Provincial. ¿Qué situación se ha encontrado al asumir el cargo?
La situación ya era más o menos conocida, porque teníamos contacto directo con el anterior presidente y con Mateo Ramón, que ha ejercido en funciones durante este tiempo. Era conocida la gran carga de trabajo que soportan tanto las secciones civiles como las penales. Lo que estoy haciendo ahora es conocer mejor cómo funcionan las secciones penales, porque yo venía de una sección civil.
¿Qué consecuencias ha tenido esa falta de liderazgo en la organización y funcionamiento del tribunal?
No creo que haya tenido una consecuencia muy importante, pero sí es cierto que no hemos podido trabajar directamente desde la presidencia para intentar solucionar algunos de los problemas o tener un referente claro para los magistrados. Aun así, las funciones de presidencia se han ejercido muy bien durante este tiempo.
Compitió con otros magistrados por el cargo. ¿Cómo fue esa experiencia?
No los considero contrincantes, son compañeros. Tengo muy buena relación con ellos. De hecho, fueron los primeros en felicitarme cuando fui nombrado. Ya estamos en contacto para afrontar juntos la reorganización de la oficina judicial y ver cómo podemos mejorar el funcionamiento de las secciones.
¿Cuál diría que es su prioridad inmediata: recuperar el ritmo, cohesionar al equipo o modernizar la estructura?
Ahora nos enfrentamos a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal, que supone una modificación muy importante en la organización del trabajo. Desaparecen los juzgados como tales y se convierten en tribunales de instancia. También desaparecen las estructuras de secciones y se crea una nueva oficina judicial de tramitación. El gran reto es organizar este nuevo sistema para prestar un buen servicio.
Los jueces y funcionarios hablan de colapso, lentitud y sobrecarga. ¿Comparte ese diagnóstico?
Sí, lo comparto. Existe una gran carga de trabajo y se están produciendo retrasos en los señalamientos y en las decisiones. Lo importante es enfrentarlo de la mejor manera posible para cumplir la función que tenemos encomendada.
¿En qué jurisdicciones es más urgente actuar?
En las secciones civiles hay retrasos, pero creo que donde más preocupan los señalamientos es en las secciones penales. Ese es el principal frente de trabajo, aunque también en lo civil se está produciendo cierta ralentización en la resolución de recursos.
¿Se podría decir que seguimos tapando agujeros?
Sí, la justicia siempre está tapando agujeros. Es algo tradicional. Los medios personales y materiales siempre resultan insuficientes, y eso nos obliga a trabajar con mucha presión. Llevamos años reclamando más medios para poder servir adecuadamente a los ciudadanos.
¿Las cifras de asuntos pendientes mejorarán con esta nueva etapa?
No depende solo del presidente. La última memoria reflejaba un aumento de asuntos pese al incremento también en las resoluciones. La tendencia al alza hace difícil ponerse al día. Habrá que ver si se crean más plazas judiciales y en qué medida eso puede ayudar a la Audiencia a mejorar.
¿Cómo valora el papel del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial ante estas carencias?
La reforma de los tribunales de instancia es una de las grandes transformaciones previstas desde hace años. Ya existían proyectos de ley que hablaban de este cambio e incluso de la integración de las audiencias provinciales. Ahora llega el momento de aplicarlo y hay que ver cómo funciona en la práctica. Es un reto importante para Palma y para toda Baleares.
¿Y respecto a la aplicación de los nuevos mecanismos de resolución alternativa?
Existen dudas sobre su funcionamiento, pero puede ser una oportunidad para cambiar la mentalidad. Los tribunales tienen dificultades para absorber toda la carga de asuntos, especialmente en primera instancia, y quizás esta sea una vía para ofrecer otras soluciones.
¿Percibe división entre los jueces ante estas reformas?
No percibo una brecha. Sí hay interpretaciones distintas, pero creo que lo importante es tener una visión positiva y aprovechar la reforma para mejorar la organización judicial.
¿Todas las reformas son viables sin un refuerzo de medios y recursos?
No. Todas las reformas necesitan medios materiales y personales. La nueva estructura ofrece una oportunidad para desligar la creación de juzgados de la creación de plazas judiciales, y eso puede ser positivo si se materializa de verdad.
¿La digitalización ha aliviado o ha complicado el trabajo de los juzgados?
La digitalización es una herramienta de trabajo. En materia civil la implantación es prácticamente plena; ya no trabajamos con papel desde hace años. Fue una transición difícil, pero ahora es más ágil, aunque siempre hay problemas técnicos. En penal la situación es distinta, porque el procedimiento es menos ordenado y la documentación más compleja. Aun así, la digitalización era necesaria y hay que adaptarse.
En los últimos años se ha hablado mucho de independencia judicial. ¿La siente garantizada en Baleares?
Sí, totalmente. Creo que la independencia judicial en Baleares está garantizada. Hay asuntos de gran trascendencia pública en los que se habla más de ese tema, pero en los miles de casos que entran cada año, los jueces ejercemos con independencia y sin interferencias.
Uno de los grandes problemas en Baleares es la dificultad para atraer personal. ¿Cómo se soluciona?
Es una dificultad real. No solo afecta a la justicia, también a la sanidad, la policía o la administración en general. La carestía de la vida y el precio de la vivienda son factores que influyen mucho. En Palma, por ejemplo, cerca del 40% del personal de los juzgados vive fuera, y eso refleja la falta de estabilidad. Se está trabajando en un plus de insularidad que podría paliarlo parcialmente.
¿Cree que el ciudadano tiene hoy más confianza en la justicia… o menos?
Vivimos una época de gran polarización, y eso afecta a la confianza en las instituciones, también en la justicia. Pero los ciudadanos deben tener claro que los jueces trabajamos para preservar la imparcialidad.
¿Qué sello personal quiere dejar en la Audiencia Provincial?
Mi objetivo es ayudar a mis compañeros. Me considero una persona discreta, y creo que desde ese trabajo constante y cercano puedo contribuir a mejorar la situación actual.
