La Audiencia se encuentra en la antesala de un relevo decisivo. Desde octubre de 2022, cuando quedó vacante la presidencia, el cargo se ha mantenido en manos interinas. Ahora, el CGPJ deberá decidir quién toma el timón de una institución que opera al límite, presionada por las reformas legales y las carencias estructurales que arrastra desde hace años.
Los tres candidatos conocen bien el funcionamiento de la justicia balear: Samantha Romero Adán, Gabriel Agustín Oliver Koppen y Raquel Martínez Codina presentan visiones distintas para una Audiencia que necesita liderazgo. Mientras Romero y Martínez priorizan el refuerzo de medios y una respuesta directa a la sobrecarga, Oliver apuesta por una modernización organizativa a medio plazo. La elección se produce en un momento delicado, con las diferentes reformas judiciales pendientes de aplicación o de entrar en vigor y el malestar judicial a punto de cristalizar en una huelga general.
CANDIDATURAS CON SELLO BALEAR
Los tres aspirantes a la Audiencia han desarrollado buena parte de su carrera en Baleares y conocen de primera mano las particularidades del sistema judicial insular. Esa experiencia directa se refleja en el enfoque de sus propuestas.
Romero y Martínez, actualmente en la Sección Segunda, parten de un diagnóstico claro: la justicia necesita más medios humanos y materiales. Ambas coinciden en que es urgente reforzar las plantillas, combatir la saturación y proteger la calidad de las resoluciones. En sus programas hay una apuesta por reorganizar y mejorar lo que ya existe antes de embarcarse en grandes reformas.
Romero, con amplia trayectoria en la jurisdicción penal, alerta del crecimiento de los delitos sexuales y de violencia de género. Su sección ya trabaja al límite y la entrada en vigor de la nueva ley procesal podría agravar la situación. Plantea reforzar los equipos, crear nuevas plazas y mejorar la coordinación entre órganos. También propone unificar criterios, especialmente en secciones penales, y abordar carencias graves en ámbitos sensibles como menores o discapacidad.
Martínez Codina, que fue decana en Girona y forma parte de la Sala de Gobierno del TSJIB, pone el foco en la insularidad. Advierte que el coste de vida y la falta de vivienda están provocando una rotación constante de personal judicial. A ello se suma la multiculturalidad creciente, que añade complejidad a muchos procedimientos. Su propuesta se centra en reforzar los equipos técnicos, mejorar la estabilidad de las plantillas y fomentar vías extrajudiciales como la mediación para descargar los juzgados.
Por su parte, Oliver Koppen, magistrado de la Sección Cuarta y con una trayectoria más vinculada al ámbito civil, plantea una transformación más estructural. Defiende culminar la implantación de la Oficina Judicial, adaptar los juzgados al entorno digital y dotar a la Audiencia de una sede propia, moderna y funcional. Actualmente, comparte edificio con el TSJIB, algo que considera ineficaz. También apuesta por justicia restaurativa, refuerzo de equipos psicosociales y unificación de criterios en litigios masivos.
Mientras Romero y Martínez subrayan la urgencia de resolver problemas cotidianos, Oliver plantea una reforma profunda del modelo organizativo. Tres visiones distintas, aunque con un objetivo común: evitar que la Audiencia siga desbordada.
LA AUDIENCIA, ¿UN PULSO POLÍTICO?
Aunque será el CGPJ quien tome la decisión, en el entorno judicial crece la sospecha de que desde la cúpula del TSJIB se esté intentando influir en el proceso. "Que yo sepa, el presidente no ha tomado partido por ningún candidato en la Audiencia", aclara Alejandro González, magistrado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). "Puede tener su opinión, como cualquier otro, pero la decisión es del Consejo".
González insiste en que el perfil elegido debe aportar experiencia, capacidad de gestión y conocimiento del funcionamiento real de la Audiencia. Y aunque evita pronunciarse abiertamente, muestra más afinidad con las propuestas de Romero y Martínez. "Tienen programas centrados en los problemas reales que vivimos los jueces. Lo que necesitamos son soluciones, no solo ideas teóricas".
Desde su punto de vista, la clave está en reconocer el esfuerzo diario de quienes sostienen el sistema con medios insuficientes. "Hay compañeros que hacen turnos de mañana y tarde. No podemos seguir escuchando que los jueces no hacen lo suficiente cuando el problema es estructural", defiende.
UNA JUSTICIA AL LÍMITE (Y UNA HUELGA EN EL HORIZONTE)
El nombramiento llega en plena tormenta judicial. Las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia han encendido todas las alarmas. González lo dice sin rodeos: “Es un volumen de cambios inasumible. No se ha consultado con los profesionales. Y lo más grave, no existe una estructura técnica que pueda sostener lo que se está intentando implantar”.
Para muchos magistrados, las nuevas medidas no solo no solucionan los problemas existentes, sino que aumentan la burocracia, dificultan la relación entre jueces y ciudadanos y otorgan más poder a estructuras administrativas ajenas a la función judicial.
La respuesta ha sido clara. Se ha convocado una huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio y una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo. Pero esto no parece quedar aquí ya que González avisa de que a esta le puede seguir "una huelga general indefinida". Y es que el sector se prepara para un conflicto de gran calado. "No queríamos llegar a esto, pero no nos han dejado otra salida", afirma González. "Esta huelga no es política, es una defensa de la justicia pública y del servicio a la ciudadanía".
COEXISTENCIA O FRACTURA
La presidencia de la Audiencia puede convertirse en un punto de equilibrio o en un nuevo frente de tensión institucional. Algunos sectores creen que, si el CGPJ opta por una figura crítica con las reformas, podría generarse una fractura interna con la cúpula del TSJIB. Otros piensan justo lo contrario: que ese contraste puede ser necesario para garantizar el pluralismo dentro de la estructura judicial.
González apuesta por esa segunda opción. "Coexistir entre visiones distintas sería lo ideal. Aportaría una mirada más próxima a los juzgados, más pegada a la realidad de los jueces de trinchera", afirma.
El calendario no ayuda. La decisión podría tomarse en julio, pero no se descarta que se retrase hasta septiembre. Para entonces, la huelga podría estar en marcha. Dos procesos paralelos, pero conectados por una misma pregunta: ¿Quién marca el rumbo de la justicia?
Porque esta vez no se trata solo de elegir un nombre. Se trata de definir qué justicia quieren los jueces, qué modelo se quiere implantar desde el Ministerio y si será posible encontrar un punto intermedio. Lo que está claro es que la Audiencia no puede seguir en punto muerto.
Y entre togas, despachos y reformas, queda una certeza incómoda que no es otra que el ciudadano sigue siendo el que debe esperar. Sentado en una sala, con su caso pendiente y su fe en la justicia puesta a prueba.
