Con una trayectoria centrada en esta jurisdicción, Oliver propone una transformación de fondo para la Audiencia. Entre sus prioridades destaca culminar la implantación de la Oficina Judicial, adaptar el funcionamiento de los juzgados al entorno digital y dotar al órgano de una sede propia, moderna y funcional. En la actualidad, la Audiencia comparte edificio con el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), una situación que el nuevo presidente considera ineficiente. También aboga por reforzar los equipos psicosociales, impulsar la justicia restaurativa y unificar criterios en los litigios masivos.
El nombramiento de Gabriel Oliver se ha aprobado este miércoles durante el pleno del CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces y magistrados de España ha valorado las candidaturas de tres magistrados: Samantha Romero Adán, Raquel Martínez Codina y el propio Oliver Koppen. Tal como avanzó mallorcadiario.com, cada uno planteaba visiones distintas para una Audiencia que reclama liderazgo.
Mientras Romero y Martínez priorizaban una respuesta inmediata a la sobrecarga de trabajo y el refuerzo de medios, Oliver apostaba por una modernización organizativa a medio plazo. Su elección llega en un momento delicado, marcado por reformas judiciales aún pendientes de aplicación y un creciente malestar entre jueces y magistrados.
CASI DOS AÑOS CON LA PLAZA VACANTE
La presidencia de la Audiencia Provincial de Palma estaba vacante desde la incorporación del anterior titular, Diego Gómez-Reino, a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). Desde finales de 2022, el cargo venía siendo desempeñado de forma provisional por el magistrado más veterano de la Audiencia, Mateo Ramón, según ha informado el propio TSJIB.
El nuevo presidente ingresó en la carrera judicial en 1994, con su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ripoll (Cataluña). No obstante, su carrera ha estado especialmente vinculada a Baleares, territorio del que es originaria su familia y en el que reside desde su infancia. Entre 1995 y 1998 estuvo destinado en Manacor, y posteriormente, en Inca hasta 1999. Tras ascender a magistrado en Barcelona, regresó en 2001 para asumir la titularidad del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma.
Después de su paso por diversos órganos unipersonales, se incorporó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en 2012, y desde 2019 forma parte de la Sección Cuarta. Es, de hecho, el destino en el que ha permanecido durante más tiempo. Oliver estudió Derecho en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y cuenta con la especialidad en Derecho Civil Balear reconocida por el CGPJ. Participó en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas del TSJIB en 2022, y desde 2014 es delegado de Prevención de Riesgos. Además, desde 2019 coordina el plan descentralizado de Formación Continua para la carrera judicial en las Islas.
RATIFICACIÓN DE DOS PRESIDENTES INTERINOS DEL SUPREMO
En el mismo pleno, el CGPJ ha ratificado a los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de las salas de lo Penal (Segunda) y lo Contencioso-Administrativo (Tercera) del Tribunal Supremo. Ambos contaban con el respaldo del sector conservador y ya ejercían de forma interina. La retirada de sus únicas contrincantes —Ana Ferrer y Pilar Teso— permitió desbloquear estos nombramientos clave. Martínez Arrieta obtuvo 15 votos y Pablo Lucas, 16. Si bien el apoyo fue transversal, no todos los vocales progresistas respaldaron sus nombramientos.
El bloque progresista, salvo el vocal Carlos Hugo Preciado, ha emitido una nota conjunta en la que justifica su apoyo por "lealtad institucional", pero lamenta haber perdido "una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo". En el comunicado subrayan que "la aplicación de la ley de paridad era prioritaria" y denuncian el "desequilibrio" en los puestos decisorios: cuatro de las cinco presidencias de sala del Supremo estarán ocupadas por hombres, pese a que "la antigüedad de las magistradas es equiparable" a la de sus homólogos varones.
MÁS DE VEINTE NOMBRAMIENTOS Y NUEVA CONVOCATORIA
El pleno del CGPJ también ha aprobado una veintena larga de nombramientos tras intensas negociaciones entre los dos bloques —con diez vocales cada uno— hasta el último momento. Entre los designados figuran los nuevos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Aragón, Lorenzo Jesús del Río y Juan José Carbonero; los de las audiencias provinciales de Madrid y Valencia, Juan Pablo González-Herrero y José Manuel Ortega; y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura.
Con estas decisiones, el CGPJ suma ya 161 nombramientos, de los que un 42,2% han recaído en mujeres. Quedan aún pendientes dos plazas en la Sala de lo Militar del Supremo, y otras tres que han sido convocadas este miércoles: la que deja vacante Martínez Arrieta en la Sala Segunda y las presidencias de la Audiencia de Navarra y de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha.
