Hay situaciones en las que el debate sobra. El caso de Miguel Roldán es uno de ellos. Un docente condenado por acosar a un alumno menor de edad no puede volver a sentarse al frente de una clase. Así de simple. Así de contundente. Y, sin embargo, aquí estamos.
Las familias del CEIP Son Pizà han tenido que recurrir a la huelga para que alguien les escuche. Primero fue un 40 por ciento de inasistencia, luego un 60 por ciento. Si nadie actúa, el lunes puede que no haya un solo alumno en ese centro. No es un capricho ni una reacción desproporcionada. Es la respuesta más lógica y humana que puede tener un padre o una madre. Nadie dejaría a sus hijos en manos de alguien que ya ha demostrado que no debería estar cerca de ellos.
No hay argumento jurídico ni burocrático que pueda tumbar esa premisa. Si como sociedad no se permite que el zorro vigile el gallinero, tampoco se puede permitir que alguien condenado por un delito que implica a un menor tenga acceso a los más vulnerables de nuestra comunidad. Los niños y niñas de Son Pizà no pueden pagar los platos rotos de los errores de un adulto.
La política balear debe encontrar soluciones en el caso Roldán donde la norma no llega
Es entendible que la Conselleria de Educación y el Govern tienen las manos parcialmente atadas por la legislación vigente y por las resoluciones judiciales. La ley es la ley, y hay que respetarla. Pero la política existe precisamente para encontrar soluciones donde la norma no llega. Y este es exactamente uno de esos casos.
Marga Prohens tenía ante sí lo que en el tenis se llama una bola de set: una oportunidad clara para demostrar que la política autonómica está del lado de las familias cuando realmente importa. Reunirse con el ministerio, explorar todas las vías legales disponibles, mover los hilos necesarios para que Roldán no vuelva a pisar un aula. Hacerlo con la misma celeridad con la que actuaría si fueran sus propios hijos los afectados. Eso es lo que se le exige a un gobierno. No comunicados, no empatía de escaparate. Soluciones. Y parece que, tras la visita de Sira Rego a Palma, Prohens lo ha hecho.
Porque Roldán tiene derecho a rehacer su vida. Nadie se lo niega. Puede trabajar en otros ámbitos, puede seguir adelante. Pero una condena por acoso a un menor debería cerrarle definitivamente las puertas de cualquier aula. No por venganza, sino por responsabilidad colectiva hacia los niños que pueblan nuestros colegios.
Son Pizà no merece esto. Y las familias que hoy están en la calle tampoco. No negociarán con un condenado.
