A buen seguro que un amplio número de lectores no recuerda el nombre de la mayoría de diputados que representan a Illes Balears en la Cámara Baja, siquiera el número de escaños que elegimos o las circunscripciones por las que tenemos que escoger quién ejerce la soberanía popular en el Senado. Probablemente será mucho pedir que preguntemos cómo se reparten los actuales 350 miembros del Congreso y más aún la doble vía de acceso a la Cámara Alta. Pero estos días, al menos, todos deberíamos ser conscientes del hecho histórico que tendrá lugar en el Senado. El mes pasado, atendiendo a una reivindicación insular de más de tres décadas, se ratificó la reforma del artículo 69.3 de la Carta Magna, por lo que Juanjo Ferrer dejará de ser el representante de ambas Pitiusas en julio, para que Neus Massanet se incorpore a las inmediaciones de la plaza de la Marina Española, dándole voz exclusiva a Formentera y elevando el número de senadores baleares a 8, de los 267 con los que acabará la XV legislatura.
Tras casi medio siglo de democracia, España sigue ignorando el papel de unas Cortes con cámaras de doble lectura y su composición, porque los partidos han eclipsado el papel de sus integrantes, cediendo el protagonismo a sus respectivos líderes y negando el papel representativo mediante la imposición de la disciplina de voto. Asimismo, es preciso repensar si la Ley d’Hondt (frente a los criterios que regulan otras democracias occidentales), la sobrerrepresentación territorial, los estériles restos de las 52 circunscripciones o la concentración del voto localista, están distorsionando gravemente que el sistema sea puramente proporcional a nivel nacional, donde todos los votos tengan el mismo valor. Basta señalar que, en 2023, UPN sólo necesitó menos de 52.000 votos para obtener un diputado y al BNG le costó más de 152.000 sufragios. Por territorios, Soria logra un escaño con poco más de 23.000 votos y son precisos más de 96.000 para Madrid.
Es obvio que tantos feudos evitan que las provincias más pobladas decidan por sí solas el rumbo del país y debería asegurar que las zonas rurales tengan también voz en las Cortes, pero el Congreso legisla para todos los españoles y los electos por circunscripción no deberían ser votados para obtener beneficios para cada territorio sino para defender el interés general, sin la querencia nacionalista de arrimar el ascua a su sardina, lo que debería estar circunscrito a los parlamentos autonómicos o, en todo caso, al Senado.
No se puede negar que la alternativa de una sola circunscripción haría más difícil la gobernabilidad del país, pues beneficiaría especialmente a los partidos medianos y pequeños (PP y PSOE tendrían 23 escaños menos, mientras que VOX y Sumar tendrían 26 más y, en las pasadas elecciones, habrían entrado en la Carrera de San Jerónimo PACMA y CUP).
Entretanto, para que el Congreso y la elección del presidente respondan mejor a la mayoría social, se podrían proponer diferentes vías: Crear una bolsa de escaños que se repartan de forma puramente proporcional sumando todos los votos sobrantes de las provincias. También cabe un modelo similar al de Grecia (donde el partido más votado recibe un "bonus" de escaños) o un sistema de segunda vuelta para la investidura. Por último, aumentar hasta 400 el número de diputados, que permite la Constitución, lograría que el reparto fuera más proporcional a la población real.
Sea como fuere y ya que los partidos con mayor representación tienen poco que ganar con estos cambios, es poco probable que seamos capaces de reflexionar colectivamente cómo mejorar las actuales reglas del juego democrático. Algo que también deberían valorar los 7.500 votantes de Formentera, que pronto celebrarán su relevancia en las Cortes Generales, con una Senadora propia.
