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Liarla parda

sábado 25 de enero de 2020, 09:03h

Con la anulación del decreto que excepciona la exigencia de la acreditación del conocimiento del catalán, para el acceso a la sanidad pública, ha vuelto la incertidumbre al sector sanitario.

En realidad, era previsible. Enmendar la ferocidad de la ley de Función Pública para acceder al ámbito sanitario, discriminando el acceso igualitario al empleo público y restringiendo, con posteridad, derechos fundamentales, podría ser abortado. Entraba dentro de lo plausible que el recorrido podría ser más bien corto. Y así ha sido.

La ocurrencia que hizo tirar por el camino de en medio para driblar la exigencia de una norma aprobada al dictado de los sectores de la izquierda radical, ha sido, como parecía, contraria a ley.

Sería interesante revisar el informe preceptivo, no vinculante, del Consell Consultiu de Diéguez, a la consulta del Govern antes de aprobar el reglamento que intentaba suavizar el obstáculo para los profesionales. El TSJB lo ha barrido a la primera de cambio.

La sentencia ha ido más allá del propio planteamiento del recurso, que tenía como objetivo evitar la inequidad profesional y territorial y ha entrado en lo sustantivo; recordar que la ley establece unos requisitos correctos que deben ser cumplidos.

El origen del problema no es legal sino ideológico. Radica en la carga ideológica de la propia norma. Limita el acceso del talento a los cuerpos técnicos del sector sanitario y dificulta mantener la calidad de los servicios sanitarios. Esta hecha desde el radicalismo y de espaldas a la realidad. Estas dificultades no se dan ni en dos comunidades tan poco dudosas de luchar por sus signos de identidad como la catalana y la vasca.

La legislación básica que regula los cuerpos estatutarios propiamente sanitarios tiene espacio para normas que se adecúen a la realidad asistencial. La pregunta es si los catalanistas que dan soporte al Govern priorizarán sus principios o los derechos de la población. La cuestión no es baladí. Buen finde.

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