El traslado de residuos no reciclables desde Ibiza hasta la planta de valorización energética de Son Reus, en Mallorca, arrancó el miércoles por la noche con tres horas y media de retraso según lo previsto. Por la tarde salieron cinco camiones con un total de 120 toneladas de residuos del vertedero de Ca na Putxa con destino al dique de Botafoc del puerto de Ibiza, para embarcar en el ferri 'Al Aldalus Express' de la naviera Baleària.
Subsanados los defectos técnicos detectados por Capitanía Marítima de Ibiza, los camiones embarcaron en el buque, que partió rumbo al Puerto de Palma sobre las 21.30 horas. Llegó a Palma sobre las 4.30 horas, todavía de noche. Los vehículos se dirigieron directamente a la incineradora de Son Reus.
Se trata de una de las medidas más controvertidas que se han adoptado en materia de política ambiental en Baleares durante los últimos años. Para sus defensores, representa una solución inmediata y técnicamente viable —la única, según parece— para evitar el colapso del vertedero ibicenco de Ca na Putxa, próximo al fin de su vida útil. Para sus detractores, supone un fracaso de la planificación ambiental, fomenta la incineración y convierte a Mallorca en el destino final de la basura generada por otra isla.
El denominado plan piloto entra así en su fase operativa tras meses de negociación institucional, cambios normativos, recursos judiciales y una intensa polémica política y social.
El origen del problema: Ca na Putxa se acerca al límite
El detonante de toda la operación se encuentra en Ibiza. El vertedero de Ca na Putxa, donde termina depositada la fracción de rechazo de los residuos urbanos de las Islas de Ibiza y Formentera, se encuentra muy próximo al agotamiento de su capacidad útil.
Durante años, las instituciones ibicencas han advertido de que la infraestructura se aproximaba a una situación crítica. Las islas generan alrededor de 85.000 toneladas anuales de residuos, una cifra elevada para un territorio con una fuerte presión turística y escasas posibilidades de ampliar sus instalaciones de eliminación definitiva.
La construcción de una incineradora propia ha sido objeto de debate durante años, pero no existe consenso político ni social para impulsarla. Ante la ausencia de una solución estructural inmediata, el Consell d'Eivissa, gobernado por PP y Cs desde 2019 y por el PP con mayoría absoluta en 2023, optó por buscar una salida provisional: aprovechar la capacidad disponible de la planta de Son Reus, en Mallorca.
Un proyecto que necesitó cambiar la ley
El traslado no podía realizarse con el marco jurídico existente. El Govern balear promovió una modificación de la legislación autonómica sobre residuos mediante un decreto ley aprobado a finales de 2025 para dar cobertura legal al transporte interinsular de la fracción rechazo dentro de un plan piloto. Esa modificación permitió activar finalmente el convenio entre los consells de Mallorca e Ibiza.
Las instituciones recuerdan además que tanto la Ley balear de Residuos como el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca ya contemplaban la posibilidad del traslado entre islas cuando existiera capacidad suficiente en las instalaciones receptoras.
¿Cuánta basura llegará a Mallorca?
Llegarán unas 3.000 toneladas al mes, lo que significa unas 40.000 toneladas en un año, como máximo. Es una cantidad similar a la basura que se genera en Mallorca en el mes de febrero.
El envío de los residuos se lleva a cabo a través de la empresa concesionaria del servicio público de gestión de residuos urbanos de Eivissa, UTE Giref, y deberá comunicarse a la empresa concesionaria de Mallorca, Tirme, con diez días de antelación.
¿Cómo viajará la basura?
Uno de los aspectos más debatidos ha sido precisamente la logística. La fracción rechazo será compactada en balas, flejada y plastificada en las instalaciones de Ca na Putxa.
Posteriormente será cargada en camiones completamente cerrados que embarcarán hacia Mallorca en el buque de la naviera Baleària 'Al Andalus Express'.
El convenio establece un máximo de siete camiones diarios que viajarán de lunes a viernes en horario nocturno. En temporada baja la cantidad de camiones se estima en tres o cuatro al día. El transporte se realizará en vehículos completamente cerrados para evitar olores, lixiviados o dispersión de residuos durante el trayecto.
¿Quién paga la operación?
El coste económico constituye otro de los ejes del debate. El transporte marítimo y terrestre será íntegramente asumido por el Consell d'Eivissa, así como todos los gastos derivados del traslado. Además, Ibiza deberá abonar a TIRME la tarifa correspondiente por el tratamiento de cada tonelada incinerada en Son Reus.
Por otra parte, el Govern balear ha comprometido una financiación plurianual de 50 millones de euros destinada al Consell de Mallorca como compensación por la recepción de los residuos de Ibiza y para amortizar inversiones realizadas en las infraestructuras de tratamiento.
Como consecuencia de esta aportación, el Consell de Mallorca prevé una reducción del 10 % de la tarifa de residuos que pagan los ciudadanos mallorquines.
La izquierda mallorquina pasa a la ofensiva
La contestación social ha crecido especialmente en Mallorca. En los últimos días se ha constituido una Plataforma contra el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, integrada por 17 entidades vecinales y ecologistas, entre ellas el GOB, Terraferida, Amics de la Terra, Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Asociación de Vecinos de Son Sardina, Amics de la Vall de Coanegra y Plataforma de s'Indioteria.
Las entidades han expresado su preocupación ante la inminente llegada de estos residuos afirmando que puede provocar riesgo de accidentes y vertidos, además de mal olor y otras molestias. Según han insistido, los residuos se trasladarán a granel y no en balas compactadas. También han advertido de que el traslado supondrá el riesgo de agotar prematuramente el vertedero de Mallorca, que verá reducida su vida útil.
Asimismo, han denunciado un "fraude" en la rebaja de la tarifa de basuras en Mallorca, recordando que los 50 millones de subvención del Govern suponen "el reparto de los costes" por el fracaso de la gestión de Eivissa.
Por todo ello, PSOE y Més per Mallorca en el Consell de Mallorca han reclamado paralizar el plan piloto aún antes de su inicio.
Los argumentos de la oposición
Los colectivos ecologistas centran sus críticas en varios aspectos. Consideran que el proyecto contradice la jerarquía europea de residuos, que prioriza reducir, reutilizar y reciclar antes que quemar residuos. Además, se teme que se pueda producir la saturación futura de Son Reus. Aunque el Consell sostiene que existe capacidad suficiente, los críticos alertan de que la llegada continuada de residuos externos reducirá la vida útil de las instalaciones mallorquinas.
Además, las entidades alertan de posibles accidentes durante el traslado, malos olores y afecciones ambientales derivadas del transporte diario entre islas.
El GOB sostiene que el traslado simplemente traslada el problema sin resolver las deficiencias estructurales de la gestión de residuos en Ibiza y cuestionan que fondos públicos autonómicos compensen una situación que, a su juicio, deriva de una planificación insuficiente en Ibiza.
La batalla llega a los tribunales
La oposición no se limita al plano político. El GOB Mallorca y la Asociación de Vecinos de Son Sardina han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato del transporte. El recurso ya ha sido admitido a trámite.
Los demandantes solicitan la paralización del proyecto mientras no exista una evaluación ambiental completa y un proceso de participación pública. Además, cuestionan la utilización del procedimiento de urgencia para adjudicar el contrato.
Un debate que trasciende la basura
Más allá de las toneladas de residuos que viajarán entre islas, la controversia refleja dos modelos distintos de entender la política ambiental.
Por un lado, las instituciones gobernadas por el PP defienden una solución pragmática para evitar una emergencia ambiental inmediata en Ibiza, aprovechando una infraestructura infrautilizada en Mallorca y compensando económicamente a la isla receptora.
Por otro, la izquierda política, las entidades vecinales y los colectivos ecologistas sostienen que el plan perpetúa un modelo basado en la incineración y desincentiva las políticas de reducción y reciclaje.
Si el plan piloto se desarrolla sin incidencias técnicas y logra aliviar la presión sobre Ca na Putxa, aumentarán las voces que defiendan convertirlo en una solución estable. Si, por el contrario, aparecen problemas logísticos, ambientales o judiciales, el proyecto volverá a situar en primer plano una cuestión de fondo que Baleares lleva años posponiendo: cómo gestionar de forma sostenible los residuos que generan unas islas con una población creciente y una enorme presión turística.
