La organización ha aplaudido que se hayan tenido en cuenta propuestas como simplificar la gestión de suelo urbanizable y urbano con nuevos instrumentos de planeamientos claros y estables para obtener viviendas de precio asequible que permitirán, con recursos privados y sin necesidad de inversión pública, viviendas de precio asequible y limitado.
Esta iniciativa, que se aplicará inicialmente en el municipio de Palma, tiene el potencial de ofrecer respuestas reales a una demanda social urgente y, posiblemente, durante la tramitación parlamentaria se extenderá a municipios de más de 20.000 habitantes, ha destacado la asociación en un comunicado.
"INCREMENTO REAL DE 5.000 VIVIENDAS"
Gracias a este nuevo marco jurídico, los promotores creen que podrían desarrollarse en suelo urbanizable y urbano, sólo en Palma, más de 10.000 viviendas en un plazo de tres a seis años, con precios que oscilarían entre los 200.000 y 300.000 euros.
"Esto supone un incremento real de 5.000 viviendas asequibles adicionales respecto a las previsiones teóricas del Plan General de Palma de 2023, cuya aplicación plena se había visto comprometida por numerosos recursos judiciales, especialmente por su viabilidad económica, no resueltos, así como por partes fundamentales del mismo sin aprobar", detallado desde la asociación.
"ALTURA DE MIRAS Y DIÁLOGO CONSTANTE"
La organización ha reconocido que la vivienda es un tema "complejo" que requiere "altura de miras y diálogo constante" y por ello se ha referido a la importancia de establecer canales de conversación con todos los grupos parlamentarios para buscar puntos de encuentro.
"Todas las fuerzas políticas deben participar en la mejora del decreto durante su tramitación parlamentaria, contribuyendo con propuestas constructivas y sensibilidades diversas. Solo así podremos sacar el problema de la vivienda del enfrentamiento partidista y avanzar hacia soluciones reales", han incidido desde Proinba.
