Las relaciones entre administraciones no siempre son sencillas, aunque no haya una dependencia jerárquica entre ellas, en muchas ocasiones, sus competencias, sus territorios o su intereses se solapan y surgen fricciones. Ello suele suceder mucho donde la colaboración, no ya entre las administraciones públicas, sino entre las propias personas suele brillar por su ausencia.
Ha sido noticia recientemente las divergencias entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Ayuntamiento de Alcudia, una localidad portuaria del norte de Mallorca a propósito de la cesión de unos terrenos. Parece ser que a cambio del permiso para ampliar el puerto comercial de Alcudia, la Autoridad Portuaria cedió unos terrenos para construir unas piscinas municipales. Todo indica que el convenio no estaba del todo claro, y ello produjo una serie de errores que al crearse desavenencias por la aplicación del impuesto de bienes inmuebles, genero una acumulación de una considerable deuda entre las dos administraciones por facturas y contrafacturas.
Que decir tiene qua ahora sale a concurso público la nueva Darsena del puerto de Alcudia tan necesaria para gestionar ese espacio ahora inutilizado.
Otro tanto se puede decir de lo que sucede con la ampliación del puerto de Palma y especialmente de la reordenación del antiguo puerto conocido como “Moll Vell” Las ideas del puerto van por un lado y las del ayuntamiento por otra. Ello, también es aplicable a otros muchos puertos de España, los cuales no voy a citar para no extenderme en demasía.
En si misma, la cuestión anecdótica y parece ser que, al final ha imperado la cordura y las administraciones van a ponerse de acuerdo y compensar las deudas. Mi reflexión no va por ahí, más bien va por lo absurdo de la circunstancia y lo anacrónica y poco flexible legislación española.
Llama la atención que, unas entidades totalmente autónomas, como son los puertos en el ordenamiento jurídico español, autosuficientes financieramente, creadas ya autónomas y ratificada su autonomía por una Ley promulgada en 1992, se vean encorsetadas y maniatadas por la normativa municipal de turno que no está ni prevista ni pensada para la gestión portuaria.
Es cierto, que parte de esa culpa de la “invasión” de los puertos por parte de los municipios en los que están ubicados es culpa de las propias autoridades portuarias quienes al efecto de abaratar costes, descargarse de terrenos poco rentables y sobre todo de cuestiones problemáticas han cedido terrenos y parcelas de su gestión a los municipios.
Pero no acaba ahí la cuestión, la normativa española que por una parte crea unas entidades autónomas, autosuficientes y con plena capacidad para regirse, por otra las somete a la tutela municipal como en el planeamiento urbanísticos, pensado para otras cosas, pero no para la gestión portuaria o en el cobro del IBI. Los ayuntamientos están para lo que están, pero no tienen ni conocimientos ni capacidad para la gestión portuaria, con lo cual, lo mejor es que se queden al margen de ella, por muy golosa que sea la parte de la que puedan beneficiarse.
Un puerto, no puede ni debe estar sometido al capricho de una normativa municipal cambiante y sometida muchas veces a vaivenes que no siempre corresponden con los intereses más favorables a la terminal marítima. La actividad portuaria, en unas islas como Baleares, con muchos kilómetros de costa y cuya estructura geográfica hace que su logística dependa del transporte marítimo, por poco que ello les guste a los responsables del Ministerio de Fomento de Madrid siempre obsesionados con los trenes, debe tomarse muy en serio y dejarse siempre en las manos más profesionales posibles, alejando su gestión de todos aquellos criterios que no sean estrictamente técnicos.
