Por razones que no vienen al caso, hace años tuve ocasión de conocer en persona cómo vive una familia de clase media en Marruecos. No hace falta aclarar que su promedio de ingresos, o el nivel de estudios, no tienen mucho que ver con el de un país de la Unión Europea. Sin embargo, tampoco hace falta ser un viajero empedernido, ni un funcionario del Fondo Monetario Internacional, para intuir que la economía marroquí no es la de Níger, Mali, Sudán del Sur o Burkina Faso, por citar algunos de los países más pobres de Africa, que por desgracia también encabezan el ranking mundial de la miseria.
Para evitar deslizarme hacia la anécdota personal, sólo diré que mi experiencia en el país alauí me resultó coherente con el siguiente dato del FMI: de los 54 países del continente africano (de los cuales he visitado aproximadamente la mitad), Marruecos ocupa el sexto lugar según su Producto Interior Bruto, y el décimo según su PIB per cápita. Es una de las economías más estables de la región, y también de las que presenta mayores desigualdades sociales. A pesar de todo ello, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de los 18.967 menas y jóvenes extutelados en España hasta marzo de 2025, 11.225, o sea, el 59%, son marroquíes.
Es preciso recordar lo que sucedió en la frontera de Ceuta el 17 de mayo de 2021, cuando las autoridades marroquíes lanzaron al Tarajal alrededor de ocho mil inmigrantes irregulares, de los cuales mil quinientos eran menores de edad. Muchas de las familias de aquellos menores reclamaron a sus hijos en defensa de su patria potestad. Insisto, hablamos de Marruecos, una potencia económica africana que, ni está en guerra, ni ejecuta a disidentes por la calle como hace Hamás en Gaza.
A las costas de Baleares llegan pocos menores no acompañados marroquíes. Por una cuestión estrictamente geográfica y de operativa mafiosa, aquí desembarcan principalmente chavales argelinos. Pues bien, en 2024, el PIB anual de Argelia fue cien mil millones de euros superior al de Marruecos. El PIB per cápita argelino fue de 5.335 euros, frente a los 3.972 euros en Marruecos. Argelia gasta 280 euros anuales por habitante en educación, frente los 220 de Marruecos. Es decir, los datos macroeconómicos dicen que Argelia es un país más rico que Marruecos o, si así lo prefieren los partidarios de ver el vaso medio vacío, menos pobre.
En este contexto, no debería sorprendernos tanto la noticia de que el Gobierno de Argelia ha solicitado la repatriación de siete menores que llegaron exultantes y jubilosos a Platja den Bossa, en Ibiza, a principios de septiembre. Es difícil no pensar que, entre la joven tripulación, debían de navegar sin autorización paterna uno o varios hijos aventureros de algún alto funcionario argelino, de un empresario, o de la cocinera de un ministro, qué sé yo.
Más allá del caso concreto, la petición para que vuelvan a sus casas estos adolescentes da pie a reflexionar sobre los que muchos pensábamos y no llegábamos a expresar. ¿Es, no ya razonable, sino moralmente admisible, que un país deba acoger y mantener, sin hacer preguntas, a todos los menores que llegan a sus costas desde un país como Argelia, que en 2024 elevó su gasto público hasta los 91.500 millones de euros? Como algunos no se harán a la idea de si esa cantidad, en términos relativos, es mucho o poco dinero, les añado que, el gasto de Argelia en defensa fue de 18.744 millones de euros, el 7´5% de su PIB, y casi 3.000 millones más que el presupuesto que gestionaba el año pasado la ministra Margarita Robles. España seguía por entonces sin alcanzar el famoso 2%, que ahora debería llegar al 5%, según el acuerdo de todos los países de la OTAN, menos el nuestro.
Cuesta creer que esta breve reflexión presupuestaria no se la haya hecho un partido tan pacifista como el PSOE, partidario de no incrementar nuestro gasto militar mientras Putin mete el pie en las fronteras de la Unión Europea. No hablemos ya de sus socios Sumar y Podemos, que si de ellos dependiera refundarían el Pacto de Varsovia.
Ahora, Marga Prohens, Llorenç Galmés y Vicent Marí solicitan la vuelta con sus familias del resto de menores argelinos que mantienen colapsados los servicios sociales de Baleares. Pero Catalina Cladera, portavoz de los socialistas en Mallorca, califica la petición de “racismo puro y duro”. Como Cladera es economista y sabe de números, cabría preguntarle cuántos menas deben acoger las instituciones de Baleares para que sus responsables puedan pedir, sin recibir sus insultos, que se ponga fin al lucrativo y repugnante negocio de los menores en pateras. ¿Quinientos, mil, cinco mil chavales más? Convendría que lo aclarase antes de acudir la próxima vez a las urnas.
