Luces y sombras en el parking de Son Espases
El día de los Santos Inocentes, la Presidenta Armengol, realizó una visita guiada por la zona ajardinada del hospital de Son Espases, convertida en asfalto por 1 millón de euros. Después del paseo, anunció, a bombo y platillo, la gratuidad del parking a partir del 1 de enero. Una forma rimbombante de informar que el pago por aparcar en el hospital, en vez de recaer sobre los usuarios, léase profesionales, pacientes y acompañantes, lo hará sobre todos los ciudadanos.
Todo, por el módico precio de 22 millones de euros y sin clarificar, como se concretará en el articulado del contrato entre la Concesionaria y el IB Salut. Como las anteriores modificaciones han encarecido escandalosamente el coste del centro, hasta que se conozca la nueva redacción, quedan serias dudas sobre el coste real de la actuación.
La ampliación de plazas, por un lado, acredita el fracaso absoluto de los proclamados intentos de mejorar el acceso mediante transporte público. Por otro, representa una corrección en toda regla del documento vigente, firmado durante el anterior Pacto de Progreso.
El contrato, signado en 2007, por el entonces Director General del Ib Salut, el Dr. Josep Pomar, recoge las condiciones generales de financiación del nuevo hospital y las específicas del aparcamiento. La fórmula, le pareció tan interesante al ejecutivo presidido por el Sr Antich, que en 2010, unos meses antes de dejar en quiebra técnica la comunidad autónoma, la replicó para encargar la construcción del nuevo hospital de Can Misses. En la legislatura, se generó un déficit del orden de los 3.000 millones de euros, triplicando la deuda recibida en 2007.
Si la memoria no me falla, en el cambio de gobierno, se constató una situación financiera tan dramática que comprometía el sueldo de los propios profesionales sanitarios. El pago de la nómina del mes de junio de 2011 de todo el colectivo se afrontó con el crédito de un particular.
Es muy razonable, una vez recuperada la economía de las islas, replantear la financiación de los servicios públicos y modificar las normas que permitan hacer la vida de los ciudadanos más fácil. Con luz, con taquígrafos, con un informe técnico previamente conocido que lo avale y sin relatos partidistas electoralistas alternativos.
En este caso, queda por clarificar, por lo menos, la repercusión económica de la afirmación de la consejera, en la Comisión de Salud del Parlament en la que anunció que en la negociación ya se habían internalizado 130 profesionales. El coste periodificado, en los años que quedan de concesión, puede superar los 70 millones de euros, el equivalente al coste integró de un hospital comarcal nuevo.
En este contexto, es lógico entender que los recelos manifestados por los grupos de la oposición y de los parlamentarios no adscritos se mantienen vigentes. La aprobación de una Ley Express, a medida, para dar cobertura a la gratuidad de los aparcamientos de los hospitales públicos, tras el frustado intento de colarla como una enmienda adicional en la Ley de Salud Laboral, no se puede considerar un talón en blanco. Ni da cobertura a informaciones sesgadas que puedan hurtar a los ciudadanos el conocer toda la verdad.
En estas circunstancias, ¿quién es el valiente que se quiera inmolar firmando el modificado?. Menos lobos, Caperucita.