La gestión del Govern balear en la gestión del macrobrote de Covid-19 que ha afectado a más de 1.100 jóvenes venidos a Mallorca en viaje de fin de curso es un macrodesastre, como ayer se encargó de destacar la jueza que ha ordenado la puesta en libertad de 181 estudiantes ilegalmente retenidos en régimen de confinamiento en el hotel Bellver de Palma. Las cosas no se pueden hacer peor y una vez más ha tenido que ser la Justicia quien le pare los pies al Ejecutivo presidido por Francina Armengol, reincidente en tomar decisiones abusivas que atropellan derechos fundamentales con la excusa de la contención del Covid.
Si ese es el objetivo que todos tenemos y que presuponemos al Govern de PSOE, Podemos y Més, nunca debieron permitir un concierto en el Coliseo Balear que devino en un desastre y el más que presumible foco donde se contagiaron la mayor parte de los afectados por el megabrote. Menos aún con informes en contra, como se ha publicado que había por parte de la Policía Local.
Es increíble que a estas alturas nadie haya asumido ninguna responsabilidad por ello y, lo que es peor, no se perciba en el Govern que nadie tenga la menor intención de hacerlo, más allá de la comparecencia en el Parlament de la consellera de Salut, Patricia Gómez, para dar explicaciones. El asunto es de enorme gravedad y la comparecencia a estas alturas sólo puede protagonizarla la presidenta Armengol y para anunciar ceses, si no su propia dimisión, que es lo más procedente.
El daño causado a la imagen de Mallorca con este macrobrote es gigantesco e irreparable. Las consecuencias ya se perciben y aún pueden ser mayores de seguir sin asumir ninguna responsabilidad.
Y encima hay que soportar al vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, (que es magistrado en excedencia), criticando a la magistrada que ha liberado a los estudiantes confinados injustificadamente y pese a dar negativo en las pruebas PCR que se les practicaron, acusándola de poner en peligro la política sanitaria en toda España. Quien de verdad compromete la política sanitaria balear es el Govern, cuando persiste en tomar decisiones que violan derechos fundamentales sin la suficiente justificación. Como ha destacado la jueza, para confinar a alguien y privarle de libertad debe haber más que sospechas de que estuvieron en contacto estrecho con alguno de los infectados, cosa que no ha sucedido.
Los estudiantes que denunciaron haber sido secuestrados por el Govern se salen con la suya y no tendrán que guardar cuarentena gracias a la sideral pifia de un Ejecutivo desbordado por una situación que no fue capaz de prever ni evitar. Y mira que era fácil. Los chavales no se sienten concernidos por el Covid-19 y a la menor oportunidad se saltaron todas las normas sanitarias. Con la anuencia de las autoridades de Balears, que luego pretendieron mostrar mano dura con confinamientos indiscriminados y arbitrarios.
Si esto no le cuesta el cargo a nadie, nada lo hará jamás. Otra macroirresponsabilidad.
