Como que todavía hay notables secuelas de la crisis económica, es habitual que se critiquen socialmente ciertas políticas públicas bajo el argumento, en muchas veces demagógico, que su gasto más bien podría ser destinado a comedores sociales o a ayudar a quienes más lo necesitan. Uno de los episodios recientes más notorios fue la propuesta de Miquel Ensenyat de llamar al aeropuerto “Rafa Nadal”. Ay no, perdón, que esto sí que hubiera gustado a pesar del gasto, la propuesta fue “Ramon Llull”.
Me dan pavor ciertos comentarios en este sentido, porque si nos los cogemos al pie de la letra no existirían estadios de deporte públicos, plazas o zonas verdes, o tampoco actividades lúdicas y culturales a precio asequible. Pero no es a ello a lo que me quiero referir hoy.
Me llama la atención que la misma exigencia social en cuanto a los dineros públicos no se tenga también en cuanto al tiempo de dedicación tanto de funcionarios como de representantes políticos. Podríamos hablar del tiempo laboral malgastado por algunos funcionarios (no todos por supuesto) en ir a aparcar, hacer la compra o en mirar como los otros trabajan, sin embargo, me llama más la atención todos esos minutos de discusión en las cámaras representativas -básicamente los plenos- destinados a debatir sobre cuestiones nada trascendentes para la viabilidad del país.
El debate que se ha producido esta semana en torno a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos podría ser puesto de ejemplo. No creo que las horas destinadas por nuestros diputados a ello resulten en absoluto productivas, y con ello no quiero hacer en absoluto apología del régimen franquista. Si no podemos destinar dinero a poner al aeropuerto el nombre del mallorquín más universal, ¿Tenemos que dedicarnos a discutir si sacar o no los huesos del dictador con los recursos de dinero y tiempo que ello supone? Tendríamos que ser consecuentes.
Para quienes consideren que es asunto de estado inexcusable levantar la lápida del caudillo, pondré otro ejemplo que presencié en primera persona hace ya más de diez años. En sesión plenaria del Consell de Mallorca, los honorables dedicaron dos horas (podríamos calcular lo que ello supone en dietas, horas extra y coste de electricidad) a discutir si Cuba es una dictadura. En serio, ¿Tenemos que decidir en Mallorca si Cuba es un régimen no democrático?
Este tipo de disputas esconden en la mayoría de las ocasiones las ansias de un partido de retratar a otro. El caso de la condena del régimen chavista de Venezuela es un caso paradigmático. Que el Congreso condene la dictadura de Maduro no va a cambiar la situación alarmante y emergente que viven los venezolanos. Y así, podríamos encontrar miles y miles de ejemplos de mociones y proposiciones no de ley dedicadas a cuestiones que dan la sensación de que los representantes públicos ‘no tienen nada mejor que hacer’.
El tiempo es oro, tendríamos que ser tan exigentes con los políticos en lo que se refiere a la utilidad del tiempo de su dedicación pública como lo somos para el destino de los recursos económicos.
