Los que me siguen semanalmente en mis reflexiones educativas recordaran que en el 2016 compartí fila en el avión con el actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aquel encuentro fortuito me sirvió para darme cuenta de que el socialista tenía unas ganas locas por instalarse en la Moncloa. El discurso de Sánchez en aquel momento podía engatusar a quien le escuchase y que andase un poco huérfano de conocimiento, ideales o argumentos a rebatir. A día de hoy nos hemos dado cuenta que todo aquel discurso orquestado con un fin concreto es una farsa. Desde su acción y gestión política hasta sus principios y argumentos.
¿Y ustedes ahora mismo se estarán preguntando qué tiene que ver Cervantes en todo esto? Pues muy sencillo. En 2016, Sánchez me confesó en aquel vuelo de Bruselas a Madrid que no se había leído la LOMCE y ahora analizando la actualidad me doy cuenta que ni siquiera sabe utilizar el idioma, el castellano.
Dentro de su campaña de marketing político relativa a la crisis del COVID-19 ni él ni sus múltiples asesores han sido capaces de consultar la Biblia del idioma, el Diccionario castellano de la RAE. En ese afán de convertir en positivo el mensaje que se crea desde la Moncloa, en esta crisis, no han escatimado recursos lingüísticos para crear unos discursos plagados de circunloquios, eufemismos, lugares comunes; elementos, éstos distractores del mensaje y que imposibilitan una cohesión del texto. El estudio de las infinitas intervenciones del Presidente en su semanario ALÓPRESIDENTE es digno de estudio universitario por parte de filólogos.
Pero no sólo podríamos acudir a Cervantes para recriminarle al Presidente y a sus adláteres la poca delicadeza en el trato del idioma castellano como si una de las competencias gubernamentales fuese la de la creación de palabras. También podríamos acudir a los escritos de Aristóteles sobre su retórica política. Todo lo que el filósofo griego nos ha dejado en sus legados, esta colla se lo pasa por alto. No les vendría nada mal unas cuantas lecturas, entre ellas, El Arte de la Política, para darse cuenta de que cuando uno gobierna tiene que ser honesto, justo, sincero, y sobretodo cumplir con sus competencias.
Precisamente, de competencia también va la cosa. No es posible que en esta situación que estamos viviendo sean las comunidades autónomas las que decidan si tienen que volver o no los niños, en qué condiciones tienen que volver, etcétera. Ésa es la competencia de la máxima responsable del departamento. Lo que no puede ser es que para lo que nos interese, la Ministra de Educación sí legisle y sí decida a espaldas de las opiniones de los profesionales del sector aspectos clave de la Ley Orgánica.
Esta semana se abre el debate aquí en Baleares con la vuelta a las aulas de los alumnos. El punto de partida de la Consellería de Educación es bastante aceptable para clausurar este curso académico. Veremos cómo acaba.
