La regularización extraordinaria de extranjeros impulsada por el Gobierno de España ha concluido con un balance sin precedentes. Entre el 16 de abril y el 30 de junio se registraron 1.174.978 solicitudes, convirtiéndose en el mayor proceso de normalización administrativa desarrollado en España en las últimas décadas. El volumen de peticiones ha más que duplicado las previsiones iniciales del Ejecutivo y confirma la magnitud de la población extranjera que permanecía en situación administrativa irregular.
En Baleares, el resultado ha sido especialmente significativo. El archipiélago ha contabilizado 34.166 solicitudes, una cifra que ha desbordado ampliamente las estimaciones que se manejaban al inicio del proceso y que sitúa a las Islas entre los territorios con mayor incidencia de la regularización en relación con su población. Representa aproximadamente el 2,9% del total nacional.
Teniendo en cuenta la población balear (1.173.008 habitantes según datos del INE) las solicitudes presentadas aquí alcanzan una ratio aproximada de 29,1 solicitudes por 1.000 habitantes, lo que sitúa a Baleares en una posición elevada en términos relativos. Justo por debajo de Cataluña, que registra unas 33,2 solicitudes por cada 1.000 habitantes; de la Comunidad Valenciana, con 33,1; y ligeramente por debajo de Madrid, con 30,0. Pero se sitúa claramente por encima de Andalucía, con 19,1 solicitudes por cada 1.000 habitantes, y de Canarias, con 17,3.
Una regularización largamente reivindicada
La medida nació tras años de reivindicaciones de organizaciones sociales, sindicatos, ONG y entidades especializadas en inmigración, que reclamaban una solución extraordinaria para cientos de miles de personas plenamente integradas en la sociedad española pero sin autorización administrativa para residir y trabajar.
El Ejecutivo defendió la iniciativa como una herramienta para aflorar empleo sumergido, garantizar derechos, aumentar las cotizaciones sociales y responder a las necesidades del mercado laboral en sectores con importantes dificultades para encontrar trabajadores.
El procedimiento contempló dos grandes vías de acceso. El 79,6% de las solicitudes corresponden a autorizaciones por arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a personas solicitantes de protección internacional.
Fuerte controversia política
Desde su aprobación, la regularización estuvo rodeada de un intenso enfrentamiento político. El Gobierno presentó la medida como una decisión de justicia social y de integración, mientras que PP y Vox cuestionaron que pudiera actuar como un efecto llamada para nuevas llegadas irregulares y advirtieron de sus posibles consecuencias sobre los servicios públicos, la vivienda o el mercado laboral.
Ese debate se ha intensificado tras conocerse las cifras definitivas. En Baleares, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha advertido de que la regularización puede provocar una mayor presión sobre la sanidad, la educación, los servicios sociales y el mercado de la vivienda, al considerar que el impacto final será superior al que reflejan actualmente las cifras oficiales.
Enorme despliegue administrativo
La dimensión del proceso obligó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a organizar un dispositivo extraordinario de ámbito nacional.
Durante algo más de dos meses se habilitaron 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería, se reforzaron plantillas, se monitorizó diariamente la capacidad de atención y se puso en marcha un sistema específico de citas y tramitación telemática.
En total se movilizaron 641.386 citas, de las que llegaron a cubrirse más de 293.000, mientras otras 92.831 fueron asignadas directamente por los servicios de atención del Ministerio mediante el teléfono 060 y formularios específicos.
Los abogados, protagonistas del procedimiento
Uno de los aspectos más llamativos del balance es el peso que tuvieron los profesionales especializados.
El 83,2% de las solicitudes se presentaron electrónicamente y, dentro de ellas, los abogados tramitaron el 58% del total. Les siguieron los funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), los propios interesados mediante certificado digital (7,3%), entidades colaboradoras del RECEX (5,1%) y graduados sociales (3,6%).
Además, 495 entidades del tercer sector y organizaciones sindicales colaboraron asesorando y acompañando gratuitamente a miles de inmigrantes durante toda la campaña.
Baleares multiplica las previsiones
Si el balance nacional ha sorprendido por sus dimensiones, en Baleares el resultado fue aún más llamativo.
Las 34.166 solicitudes registradas representan un volumen muy superior al inicialmente previsto cuando comenzó la campaña y reflejan la importante presencia de población inmigrante pendiente de regularizar en el archipiélago.
En las Islas, aproximadamente el 70% de las solicitudes fueron tramitadas por abogados y gestores administrativos, lo que evidencia la elevada complejidad jurídica del procedimiento.
Un perfil muy joven
Los datos específicos de Baleares muestran una población claramente orientada al mercado laboral.
El 68% de los solicitantes tiene menos de 34 años y el grupo más numeroso corresponde a personas de entre 25 y 34 años, que representan el 31,3% del total. El 56% son hombres y el 44% mujeres.
Por nacionalidades predominan claramente los ciudadanos procedentes de América Latina: Colombia encabeza el ranking con un 38,3%, seguida de Marruecos (10%), Paraguay (9,3%), Argentina (6,8%) y Venezuela (5,6%).
Cataluña y Madrid lideran el volumen nacional
A escala estatal, Cataluña encabeza el número de solicitudes con 257.602, seguida de la Comunidad de Madrid con 202.424, la Comunitat Valenciana con 167.286 y Andalucía con 161.557.
Madrid y Barcelona concentran, por sí solas, aproximadamente un tercio de todas las solicitudes registradas en España.
Primeros efectos sobre el empleo
Uno de los principales argumentos del Gobierno era el impacto positivo que tendría la regularización sobre el mercado laboral. Según el Ministerio, 159.097 personas ya se han incorporado a la Seguridad Social gracias al proceso. La mayoría trabaja bajo contrato indefinido y desarrolla su actividad principalmente en hostelería, comercio, actividades administrativas y construcción.
"Esfuerzo histórico"
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, defendió el balance del procedimiento asegurando que "las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y la sociedad civil para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos". Añadió además que la mayoría de los solicitantes se incorporarán al mercado laboral en sectores estratégicos, contribuyendo al crecimiento económico del país.
El proceso continúa
Aunque el plazo para presentar solicitudes ya ha concluido, la regularización entra ahora en una nueva fase administrativa. Hasta el momento ya se han tramitado 609.737 expedientes, el 51,9% del total, mientras el Ministerio continúa resolviendo solicitudes y permitiendo la subsanación de documentación hasta finales de septiembre. Asimismo, el Gobierno ha comunicado las primeras 11.000 resoluciones favorables del procedimiento, que seguirán incrementándose durante los próximos meses.
