Este lunes visita Mallorca el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (PSOE), y se constatará, una vez más, la preocupante deriva del Gobierno de Pedro Sánchez: la utilización partidista de sus ministros y ministras como arietes políticos contra las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Según denuncia el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà (PP), en una carta al ministo Hereu, el representante del Gobierno de España tiene previsto reunirse con agentes sociales al margen del Govern balear. Esto no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia perfectamente diseñada y sostenida en el tiempo, en la que no se duda en desgastar los principios más básicos de la cortesía y la lealtad institucional.
Cuando un ministro acude a una comunidad autónoma no lo hace como representante de su partido, sino como miembro del Gobierno de España, con la obligación de respetar y colaborar con las autoridades del resto de administraciones, independientemente del color político. Que Hereu tenga intención de reunirse con agentes sociales en Mallorca sin informar ni contar con el Govern es más que un gesto descortés: es una ofensa institucional que alimenta el enfrentamiento gratuito y la desconfianza.
De hecho, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, flamante vicesecretaria general del PSIB, en congreso del sindicato UGT celebrado el pasado viernes, lanzó críticas al Govern por lo que ella considera “falta de implicación” en la negociación del convenio de hostelería.
España necesita ministros que gobiernen para todos, no activistas de partido camuflados tras una cartera ministerial
No es casual que algunos de los ministros más activos en estas provocaciones sean también aspirantes a liderar candidaturas autonómicas en las elecciones venideras, lo que evidencia que utilizan su posición como trampolín electoral, convirtiendo cada visita en un mitin encubierto, en una oportunidad para desgastar al gobierno autonómico de turno. Este uso partidista de las instituciones es inaceptable en democracia.
España necesita ministros que gobiernen para todos, no activistas de partido camuflados tras una cartera ministerial. La pluralidad política se gestiona con respeto, no con imposiciones ni desplantes. La deslealtad institucional no puede normalizarse. Si el Gobierno central quiere fortalecer la cohesión territorial, debe empezar por respetar a quienes legítimamente gobiernan en las comunidades autónomas. Lo contrario solo siembra división y demuestra muy poco respeto por el marco institucional que sustenta nuestro país.
