Fuentes del Ejecutivo han asegurado este sábado que la resolución judicial "constata la persecución, la obsesión y la desproporción" de una instrucción que, a su juicio, "carece de todo sentido jurídico y responde únicamente a motivaciones políticas".
CRÍTICAS A LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ
La Moncloa ha puesto especialmente el foco en uno de los razonamientos empleados por Peinado para justificar las medidas cautelares.
En su auto, el magistrado sostiene que, pese a que Gómez cuenta con protección policial por su condición de esposa del presidente del Gobierno, no puede descartarse que agentes de seguridad colaboren en una eventual fuga o faciliten acciones encaminadas a impedir que permanezca a disposición de la Justicia.
Desde el Ejecutivo han rechazado de plano esa afirmación y han considerado que supone una acusación injustificada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"La acusación que el juez Peinado hace contra la Policía Nacional es solo otro ejemplo del despropósito al que asistimos", han señalado fuentes gubernamentales.
MEDIDAS CAUTELARES PARA GÓMEZ Y SU ASESORA
El auto, de 84 páginas, no solo afecta a Begoña Gómez. El magistrado también ha acordado las mismas medidas cautelares para Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.
Ambas deberán entregar sus pasaportes, no podrán salir del territorio nacional y tendrán que comparecer periódicamente ante la autoridad judicial mientras dure la tramitación de la causa y hasta que exista una resolución firme.
TRES ACUSADOS SENTADOS EN EL BANQUILLO
Peinado adoptó la decisión tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, mantuvieron su petición de imponer medidas cautelares.
El instructor atribuye a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Además, el juez también ha acordado enviar a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque en su caso no ha decretado medidas cautelares.
