Según han avanzado los distintos gobiernos autonómicos, solo Cataluña respalda de inicio la propuesta, a la espera de conocer en detalle la “letra pequeña” del modelo. Un diseño que fue adelantado la semana pasada por el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que un día después fue explicado públicamente por la propia Montero.
El planteamiento supondría, si finalmente se aprueba en las Cortes Generales, repartir cerca de 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades de régimen común en 2027, es decir, todas excepto Navarra y el País Vasco, que cuentan con sistemas propios.
Frente a ese incremento de recursos, la oposición política y territorial es contundente. Las once comunidades presididas por el PP han anunciado su voto en contra, a las que se suma Canarias —donde gobierna una coalición entre el PP y Coalición Canaria— y Castilla-La Mancha, cuyo presidente socialista, Emiliano García-Page, ha sido uno de los críticos más duros. Asturias, otra autonomía gobernada por el PSOE, también ha advertido que se sumará al rechazo si el contenido definitivo no le convence. De este modo, también los presidentes socialistas, excepto Salvador Illa, rechazan la propuesta.
Pese a este escenario, la propuesta superará este primer trámite del CPFF, ya que el Gobierno central solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma. Un respaldo que tiene garantizado con Cataluña, lo que ha alimentado las críticas de la oposición y de varios presidentes autonómicos.
Pedro Sánchez ha pedido a los gobiernos regionales que “dejen de lado la disputa partidista” y piensen en sus ciudadanos y en la mejora de la financiación de los servicios públicos, que absorben más del 60 % de los presupuestos autonómicos. En sentido contrario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente de “rehabilitar” a Junqueras “como ministro de Hacienda del Gobierno”.
García-Page ha resumido su rechazo con una metáfora especialmente gráfica: “Nos ponen un postre mejor en el menú del día, pero hay otros que pueden elegir a la carta y llevan menú VIP; eso hace que el sistema, ya de entrada, sea tramposo”. Una crítica que resume el malestar de la mayoría de comunidades ante un modelo que consideran pactado a medida para satisfacer a los socios independentistas del Ejecutivo.
"MODELO PRECOCINADO"
Los gobiernos autonómicos del PP que han acudido este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) han cargado duramente contra el nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que han acusado de estar “precocinado” y de responder a un acuerdo previo entre el PSOE y ERC. Las comunidades populares han advertido, además, de que acudirán a los tribunales si el modelo acaba cristalizando en una reforma legal.
Así lo han expresado, en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la reunión, los consejeros de Hacienda de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Andalucía, que han coincidido en denunciar que el Gobierno central ha negociado el nuevo sistema al margen de las comunidades autónomas y atendiendo únicamente a las exigencias del independentismo catalán.
Los representantes del PP han subrayado que el encuentro de este miércoles no incluye votación alguna y que el Ministerio de Hacienda se limita a informar del proyecto. Será necesario un nuevo CPFF para someter el modelo a votación. Pese a ello, las comunidades populares ya han escenificado su rechazo frontal.
El primero en alzar la voz ha sido el conselleiro gallego de Hacienda, Miguel Corgos, quien ha denunciado que el Gobierno “no ha tenido en cuenta una participación previa” de las autonomías y que el modelo parte de un acuerdo ya cerrado. “Cuando los que elaboran la propuesta de modelo son parte, el resultado tiende a atender las necesidades específicas de esa parte y se olvida de los demás”, ha advertido.
En la misma línea se ha expresado la consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, quien ha criticado que Andalucía salga especialmente beneficiada en la propuesta, algo que ha vinculado a la posible candidatura electoral de María Jesús Montero en esa comunidad. Manzano ha ido más allá y ha anunciado acciones legales si el modelo prospera: “Si esto se materializa en una modificación de la LOFCA y en una ley reguladora del modelo de financiación, vamos a utilizar todas las armas de nuestro ordenamiento jurídico para combatir esta desigualdad”.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera Rocío Albert ha resumido la postura de su gobierno al asegurar que acuden al CPFF a escuchar el “modelo Junqueras”, un planteamiento que, según ha señalado, “ni siquiera comparten comunidades gobernadas por el PSOE”.
La consejera andaluza, por su parte, ha rebautizado la propuesta como el “modelo Montero” y ha denunciado que su comunidad continúa infrafinanciada. Además, ha reprochado a la ministra de Hacienda que haya rechazado la creación de un fondo transitorio. “Este modelo quiere darle champán y caviar al independentismo y al resto de comunidades el menú del día, sin postre y, lo que es peor, un menú precocinado por el independentismo”, ha ironizado.
Desde Castilla y León, el consejero Carlos Fernández Carriedo ha censurado que el Gobierno haya negociado el nuevo sistema con ERC “sin contar con ninguna comunidad autónoma” y ha advertido de que no responde al interés general. Ha defendido que la recaudación tributaria debe servir para garantizar los servicios públicos de todos los españoles y que cualquier cambio en la financiación debe pactarse de forma multilateral.
Más duro aún se ha mostrado el consejero murciano José Luis Marín, quien ha calificado el CPFF de “bodevil” y ha asegurado que las comunidades han sido convocadas únicamente para escuchar “lo que dice Junqueras”. Aunque ha afirmado acudir con “vocación de diálogo”, ha reiterado su “repulsa” a las negociaciones bilaterales del Gobierno con ERC.
