La supresión del ‘nivel 33’, el complemento que cobran aquellos funcionarios que han ocupado un cargo público de superior nivel que su puesto de trabajo durante al menos dos años, es una demanda social a la que el actual Govern ha querido dar satisfacción. Aunque la implementación de esa medida al principio de la democracia tuviera sentido para animar a los funcionarios más capacitados a asumir responsabilidades superiores de gestión, en la actualidad ha supuesto una auténtica sangría para el presupuesto público y es percibido por la ciudadanía como una prebenda de difícil justificación en el contexto actual de austeridad y contención del gasto. Y es que es muy complicado fundamentar que un funcionario público con plaza garantizada perciba hasta 10.000 euros más al año solo por haber sido designado cargo político durante un mínimo de dos años.
Es comprensible que muchos de los que han visto cómo el Govern suprime este complemento, recurran tal decisión
Sin embargo, es natural que muchos de los que ahora han visto cómo el Govern suprime este complemento, recurran tal decisión al considerarla perjudicial para sus intereses. No se trata pues de una cuestión que ataña al PP o a otras formaciones políticas, sino que atañe a personas individuales que no están conformes con una medida que tiene efectos retroactivos perjudiciales para los interesados, cosa que plantea importantes dudas legales.
Es muy posible que el asunto acabe en los tribunales y por eso es muy importante que lo que se haga, se haga con toda corrección y respeto por los derechos de los afectados. De otro modo se perpetra una injusticia que acaba costando aún más dinero a las arcas públicas.
