La expresidenta del Parlament y de UM, Maria Antònia Munar, ha entregado un escrito antes del inicio del juicio por el presunto soborno de 4 millones de euros a cambio del solar público de Can Domenge, en el que ha reconocido los hechos de los que la acusan la Fiscalía y el Consell de Mallorca.
El juicio a Munar y otros cuatro acusados ha comenzado sobre las 13.00 horas de hoy tras la selección del jurado, con una intervención del abogado defensor de la expresidenta del Parlament, José Antonio Choclán, que ha anunciado que ha entregado un escrito ante la Audiencia de Palma en el que "confiesa doña Maria Antònia Munar los hechos que se le atribuyen, los reconoce íntegramente y los asume como ciertos". "El relato de hechos coincide exactamente con el que expone la Fiscalía", ha dicho Choclán sobre la acusación de Anticorrupción, que solicita para Munar una pena de 4 años de cárcel y multa de 7 millones de euros por un delito de cohecho pasivo presuntamente cometido en 2006.
La defensa de Munar ha solicitado sin embargo que a esa petición de pena se le apliquen tres circunstancias atenuantes: confesión, reparación parcial del daño porque ha consignado 150.000 euros y ha aminorado el daño causado, y dilaciones indebidas porque han transcurrido más de diez años de los hechos que ha admitido.
La cuantía aportada por Munar se suma a los 160.000 euros consignados por otros dos acusados, el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal; y el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens; así como a los 35.000 aportados por otro acusado como intermediario, Miguel Llinàs.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha explicado al jurado que los tres ex políticos se concertaron para pedir dinero a un empresario y además lo obtuvieron, el empresario acusado pagó el soborno y el Llinás transportó el dinero como intermediario. Carrau ha detallado que aunque los cinco acusados admiten los hechos, no están de acuerdo con la condena que solicitan para ellos, razón por la que se celebra el juicio, además de para determinar si se les puede aplicar alguna atenuante. Si bien hay tres defensas que admiten que los hechos son tal como dice el fiscal, así como la pena, Munar discrepa en que hay circunstancias por las que se debe rebajar la pena.
En su exposición del caso, Carrau ha dicho que si la Justicia ha encontrado pruebas 7 años después de que ocurrieran los hechos, no supone una dilación indebida. El procedimiento empezó en mayo 2013, cuando uno de los hoy acusados admitió el soborno en otro juicio, ha recordado el fiscal, quien ha recalcado que los acusados disfrutaron del dinero del soborno durante 7 años y los investigadores tuvieron que buscarlo en las 76 cuentas que tenían entre todos ellos.
"Si desde que cometieron el delito han tenido 7 años de tranquilidad, paz y disfrute del botín, eso ni el sentido común ni la Justicia, piensa la Fiscalía que debe rebajarles la pena", ha afirmado Carrau sobre su negativa a aplicarles una reducción de la petición de condena por dilaciones indebidas. El fiscal también ha señalado que si bien los otros cuatro acusados confesaron que hubo soborno antes de que empezara el procedimiento, Munar no lo hizo, por lo que no ayudó a la Justicia y "no le debe rebajar la pena".
Carrau ha recordado además que la víctima en este proceso es el Consell de Mallorca, que se vio perjudicado en 15 millones de euros en el caso Can Domenge, de los cuales recuperó 3 millones del empresario beneficiado, pero que "sigue perjudicado en 12 millones" de euros. El fiscal deniega por tanto la aplicación de la atenuante de reparación del daño a Munar por considerar que no ha subsanado el perjuicio ocasionado.
