El exconcejal de Seguretat Ciutadana Guillermo Navarro niega rotundamente que durante su etapa en Cort se estipulasen unos horarios para la Policía Local no acordes a la Ley. "Todo se negoció y aprobó con la máxima legalidad", asegura a mallorcadiario.com
Navarro acusa a Pastor de mentir cuando dice que el entonces equipo de gobierno realizó un plan de ordenación de la Policía Local "para favorecer a algunos". El plan, afirma, se realizó siguiendo la legalidad y resalta los trámites que una modificación como ésta requiere: "Tiene que pasar por las mesas de negociacion -una de policía y otra general- después por Junta de Gobierno -en la que está el interventor, asesores jurídicos y secretario municipal- a continuación se lleva a Pleno y la aprueba todo el mundo. Y por último se publica durante dos meses en el BOIB y no ha habido ninguna alegación".
"Nosotros no hemos hecho nada para que haya policía de primera y policías de segunda, como ha asegurado Pastor", e incide en que la malversación de la que hablan es inexistente.
Todo ha saltado este lunes cuando, en rueda de prensa, Seguret Ciutadana y la Jefatura de la Policía Local de Palma, anunciaban una posible malversación - de unos 18 millones- derivada del plan de ordenación de la Policía Local aprobado en 2012 por el anterior gobierno municipal del PP, por el que un 65 % de agentes han trabajado menos de las 1.642 horas anuales que fija la ley.
"Vemos presuntos indicios de una posible corruptela por no aplicar la normativa estatal", ha anunciado este lunes la regidora de Seguretat Ciutadana, Angèlica Pastor, en una rueda de prensa en la que ha explicado que las posibles irregularidades se han detectado a raíz de un estudio llevado a cabo porque el sindicato CSIF denunció un exceso de jornada laboral por parte de algunos agentes.
La conclusión del estudio es que un 35 % de agentes ha podido realizar un exceso de horas y se les adeudan en torno a 2,8 millones de euros, pero el 65 % ha hecho de menos. Según Pastor, hay unidades que "no cumplen ni por asomo" la jornada laboral anual que establece la Ley Montoro y habrían dejado de hacer "en torno a 1.600 horas por unidad policial cada año".
Pastor ha asegurado que el estudio concluye que se ha producido "un menoscabo del servicio público" que ha calificado como "una barbaridad sobre todo a nivel técnico y jurídico". "Los responsables son el anterior equipo de gobierno, es una mala gestión política porque se hizo una ordenación al margen de la legalidad, sin los informes técnicos, jurídicos y económicos correspondientes", ha asegurado.
