La operación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de ejecución quirúrgica y alcance limitado, culminó con la captura de Nicolás Maduro para responder ante cargos de narcoterrorismo en un Tribunal Federal de Nueva York. Se trata de un hecho de enorme trascendencia política y jurídica: por primera vez, el principal responsable del colapso institucional venezolano es puesto a disposición de la justicia por delitos que trascienden sus fronteras.
Conviene subrayar el carácter selectivo de la intervención. No ha sido una operación de ocupación ni un gesto de fuerza indiscriminada, sino una acción focalizada contra la cúspide de un régimen señalado por convertir al Estado en plataforma criminal. Y su efectividad y contundencia, está contrastada, por más que suponga, según el Gobierno de España, una violación del Derecho Internacional.
Pero no se puede olvidar que el régimen chavista de Nicolás Maduro, usurpador de las elecciones presidenciales de julio de 2024 que ganó Edmundo González, ahora refugiado en España, ha condenado a millones de venezolanos al exilio, la miseria y el miedo.
Venezuela necesita una transición pacífica, ordenada y verificable, con elecciones presidenciales y legislativas a la mayor brevedad posible, con garantías plenas, observación internacional y un censo depurado
Resulta, por ello, especialmente decepcionante el comunicado conjunto suscrito por España con varios gobiernos latinoamericanos alineados con la izquierda. En un momento que exigía liderazgo europeo y coherencia atlántica, el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por diluir su posición en una foto ideológica. España debería haber actuado de la mano de sus socios de la Unión Europea, defendiendo una postura común, firme y basada en principios. La política exterior no puede improvisarse ni supeditarse a afinidades partidistas cuando están en juego la democracia y los derechos fundamentales.
La exigencia ahora es inequívoca: respeto estricto a la legalidad internacional, la soberanía y a los Derechos Humanos. La caída del régimen no puede derivar en venganzas ni en atajos. Venezuela necesita una transición pacífica, ordenada y verificable, con elecciones presidenciales y legislativas a la mayor brevedad posible, con garantías plenas, observación internacional y un censo depurado.
Es preciso que se abra un proceso de transición a una verdadera democracia, que culmine en un proceso electoral limpio y sin trampas.
