El conseller de Economía, Carles Manera, ha dejado muy claro que las irregularidades que han detectado las auditorías en las empresas públicas no son penales. Son simple irregularidades administrativas, dice Manera. La diputada del PP Mabel Cabrer denunció que en determinadas empresas públicas se había aumentado el sueldo a los altos cargos, se dieron tarjetas de crédito sin autorización y se insistió en los contratos fraccionados. Manera debe saber que no son cuestiones penales porque precisamente su mujer, la farmacéutica Aina Salom, era la maestra de los contratos fraccionados y nunca le pasó nada. Tiene razón Manera, pero no deja de sorprender que el conseller más justiciero de la actual legislatura diga si una irregularidad es penal o no. Eso ya lo dirán los jueces o los fiscales, si llega el caso. De momento sabemos que en esta legislatura, a pesar de todos los interventores contratados, también se han cometido irregularidades, y aparentemente graves, en las empresas públicas.
