El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, es propietario de un piso de 130 metros cuadrados en la parte antigua de Palma. Su propiedad, como el resto del edificio, ha tenido problemas urbanísticos que, finalmente, exigen su legalización. La noticia ha sido publicada en los medios de comunicación con un inequívoco tono crítico hacia el presidente sin que se entienda muy bien la razón: el presidente, tal como afirma, compró en un momento dado un piso en una finca que tenía todos los parabienes legales, pese a que posteriormente surgió una discrepancia que ha llegado al Supremo. Según parece, el presidente no es el promotor de las obras, sobre quien podrían caer la única responsabilidad de haber construido bordeando la Ley aunque, viendo el lugar, no parece un parque nacional protegido por Bruselas y donde la flora y la fauna corran riesgos, donde haya linces en peligro de extinción; tampoco se ha producido aún la legalización, pero viendo el edificio ya acabado y, por cierto muy atractivo, parece que, efectivamente, lo más sensato es legalizar, antes que derribar, por lo que Cort hará bien en acabar con este absurdo. Y, respecto del precio, está claro que se compró y pagó antes de ocupar el cargo de presidente, por lo que no podemos sospechar que sea el fruto del lucro ilícito resultado de sospechosas relaciones y, naturalmente, creer que Marratxí da para esto es una broma. Entonces, todo parece limitarse a que un farmacéutico ha optado por comprar un piso en Palma y que un vecino lo ha visto en un coche de cierta cilindrada. ¿Y?
