Las palabras no salen gratis, y mucho menos cuando salen de los labios de un político en el ejercicio del gobierno. Lo que comenzó como una polémica ha terminado con la petición formal y por escrito de cese del regidor de Palma Aligi Molina, responsable de las áreas de Juventud, Igualdad y Derechos Cívicos. El político de Podemos ha calificado de racistas en redes sociales a aquellos que critican y exigen soluciones a la venta ambulante ilegal, el conocido top manta. Tal acusación ha causado el lógico malestar entre los comerciantes que han terminado por exigir al alcalde Toni Noguera el cese de Molina mediante una carta firmada por CAEB, PIMEM, AFEDECO y PIMECO que han registrado en el Ayuntamiento. No es el primer choque de los comerciantes y empresarios con políticos de la formación morada en Palma. Las mismas patronales ya pidieron el pasado mes de abril la dimisión de Aurora Jhardi, concejal a la que responsabilizan del retraso de la aprobación de la ordenanza que regula la venta ambulante ilegal.
En esta ocasión, los representantes de las patronales han ido más lejos y exigen a Noguera que actúe, que sea él, como primer edil de Cort, el que desautorice y cese al díscolo Molina. Podemos en Palma ha demostrado su permisividad con el top manta al que califica de venta ambulante, obviando siempre el calificativo de ilegal. Y es que la venta ambulante legal existe, las personas que la ejercen pagan sus impuestos, su tasa de ocupación de la vía pública y ejercen una labor lícita y ordenada como pueda serlo cualquier otra. Igualarlos con la venta ilegal basada, como ya nadie duda, en estructuras mafiosas supone un considerable agravio comparativo. De la misma manera los comerciantes ejercen su actividad acorde a las leyes y ordenanzas, pagan sus impuestos y se someten a inspecciones sanitarias, laborales... Reducir al discordante con el pensar de Podemos en Palma a la categoría de racista, además de una temeridad, supone una demostración del desconocimiento de las funciones de lo que debería ser un político al servicio de todos los ciudadanos.
Las salidas de tono de Molina ya son demasiadas. Cabría recordar que antes de ser regidor fue condenado por la Justicia como una de los asaltantes a la Consellería de Educación en mayo del año 2012. Molina se negó a pagar la multa de 700 euros que se le impuso hasta que fue embargado su sueldo de regidor ya en el año 2015, una situación barrueca y nunca vista en Palma. Es sólo uno de los numerosos episodios protagonizados por tan particular regidor, enfrascado en cuestiones de tanto interés para los 400.000 habitantes de Palma como el boicot a Israel o el apoyo incondicional al fugitivo Valtonyc.
Molina es libre de manifestarse como le plazca en mil y una causas. Lo que no puede hacer es insultar a aquellos que defienden sus intereses y no piensan como él, o perder parte de su tiempo pagado por el contribuyente en cuestiones que en nada o poco atañen a los palmesanos. Parece poco probable que rectifique, y mucho menos que se le pase por la cabeza dimitir porque no entiende que el ejercicio de la política y el activismo personal son cuestiones respetables ambas, pero que no deben mezclarse. Así pues, es ahora Noguera el que debe tomar una decisión y hacer valer su condición de alcalde, si no con un cese, al menos con una severa desautorización pública
