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Nueva ley de infancia: arrinconar a la familia

domingo 18 de abril de 2021, 05:00h

Esta semana se ha aprobado una nueva ley de protección de la infancia en el Congreso de los Diputados. Los mismos que han sido incapaces de proteger a las menores tuteladas de ser violadas en estas islas, nos pretenden imponer un nuevo mantra adueñándose de la protección y educación de nuestros hijos. Como los hijos no son de los padres, no nos tenemos que preocupar porque ellos los protegerán.

Claro que hay que luchar contra la violencia doméstica, pero no solo desde la perspectiva de género, sino, y sobre todo, desde la perspectiva familiar.

Ya sucedió lo mismo con la aprobación, en febrero de 2019, de la ley balear de Atención y los derechos de la infancia y adolescencia, que vulnera los derechos fundamentales de los padres a la educación de sus hijos y de la neutralidad ideológica de toda administración.

En esta nueva ley mal llamada de protección de la infancia se observa la omisión expresa en algunos artículos del derecho constitucional de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones, y así evitar que cualquier administración pueda imponer su ideología mermando el principio de neutralidad que la sostiene.

Y así, por ejemplo, no se exija a los padres el consentimiento expreso para que sus hijos asistan a programas de educación afectivo-sexual al igual que se requiere para que asistan a una manifestación. De esta manera, se vulneran los derechos fundamentales que recoge el artículo 27 de la Constitución Española, que señala: 1.Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Cuando se habla de la atención a las personas menores de edad se omite el apoyo a los padres y madres para el satisfactorio desarrollo de la educación de estos mismos.

Hay que añadir que cuando indica que los poderes públicos tienen que incorporar la perspectiva de género, se omite “y la perspectiva de familia” en todas las políticas que afecten a la infancia y la adolescencia.

Todas estas ausencias en el texto legislativo sobre el derecho constitucional que ampara a los padres en la educación de sus hijos, hace de esta ley una norma adoctrinadora en manos de la administración, despreciando una vez más a los verdaderos protagonistas de la educación de los menores, que son sus padres.

Pero, tal vez, lo más grave es que partidos políticos que deberían dar la cara en la batalla de las ideas se esconden una vez más en el consenso progre ante la cobardía de defender a los padres y a las familias en sus derechos fundamentales.

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