Hay decisiones políticas que revelan, sin necesidad de grandes discursos, cómo entiende un gobierno el valor de los servicios públicos. La última interpretación del Ministerio de Justicia sobre el turno de oficio pertenece a esa categoría, decisiones que dicen mucho, y nada bueno.
Cuando parecía que la nueva normativa que impulsa los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) no podía abrir otro frente con los abogados, el Ministerio ha logrado lo contrario. Sobre el papel, fomentar la mediación antes de acudir a los tribunales es una idea razonable. El problema aparece cuando se pretende que ese sistema funcione a costa del trabajo gratuito de los profesionales.
La interpretación del Ministerio es tan simple como inquietante. Si no hay acuerdo entre las partes, el abogado del turno de oficio no cobra. El Estado obliga a pasar por un proceso previo, pero no garantiza la remuneración del profesional que lo lleva a cabo.
Convertir la vocación en una excusa para trabajar gratis no es una reforma del sistema. Es un abuso
Traducido al lenguaje de la calle: trabaje usted gratis si el cliente no consigue un acuerdo.
La lógica es difícil de defender. El abogado no controla si dos partes enfrentadas logran entenderse o no. Lo que sí depende de él es dedicar tiempo, estudio y preparación al caso, asesorar a su cliente y participar en el proceso de mediación. Sin embargo, con esta interpretación el riesgo del propio sistema judicial se traslada directamente al profesional.
Conviene recordar que el turno de oficio es uno de los pilares del Estado de derecho. Gracias a él, miles de ciudadanos que no pueden permitirse pagar un abogado tienen garantizado su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
Y, pese a ello, los profesionales que sostienen este servicio público llevan años denunciando retribuciones bajas, retrasos en los pagos y una carga de trabajo creciente. El sistema funciona, en buena medida, gracias al compromiso de abogados que aceptan condiciones muy por debajo del mercado por sentido de servicio público.
Convertir ahora esa vocación en una excusa para trabajar gratis no es una reforma del sistema. Es un abuso.
La justicia gratuita no puede convertirse en una justicia barata para el Estado. Porque cuando el poder público empieza a considerar que el trabajo de un abogado puede quedar sin pagar, lo que está devaluando no es solo una profesión. Está debilitando algo mucho más importante como es el derecho de defensa de los ciudadanos.
Y eso, en un Estado que presume de defender el Estado de derecho, debería ser simplemente inaceptable.
