La Oficina Anticorrupción de Baleares (OAIB) detectó el pasado año 2021 varios casos concretos de uso y destino ilegal de fondos públicos, según aparece reflejado en la documentación pública y que ha sido consultada por este digital. En la literalidad de la información publicada se afirma que el área de Investigación "está constatando y documentando casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos, o cualquier otro aprovechamiento irregular y también las conductas opuestas a la probidad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho".
La OAIB carece de competencias en funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, al ministerio fiscal y a la policía judicial, "ni puede investigar los mismo hechos que sean objeto de sus investigaciones", tal y como este organismo reconoce públicamente. Es por ello que los asuntos que reúnen alguna sospecha de ilícito penal son remitidos con informe preliminar de las averiguaciones a la Fiscalía. De los envíados ya a la Fiscalía Anticorrupción podría haber alguno de los que tienen que ver con el uso ilícito de dinero público. Por el momento se desconoce, por ser materia reservada y velar el secreto de sumario, a qué organismos afecta y qué cargos públicos estarían siendo investigados.
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS
Hay otras muchas denuncias que son archivadas "por falta de competencia, de indicios, por reiteración o solapamiento con otros hechos ya investigados o por ausencia de responsabilidades en caso de iniciarse una investigación", según reconoce la propia OAIB. Y las hay que son archivadas, con recomendación a los actores del ejercicio imperativo de buenas prácticas de gestión. En las denuncias archivadas no se apreciaron conductas irregulares, pero sí "la necesidad de mejorar sus procedimientos o el sistema de integridad que aplican".
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Sólo una, por el momento, de las denuncias presentadas en 2021 acabó con un informe razonado, conteniendo las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo por Anticorrupción y que se trasladó a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal, a la autoridad administrativa, al Tribunal de Cuentas o a la Sindicatura de Cuentas de Baleares. No trasciende a qué entidad se remitió. En lo que llevamos de 2022 se han presentado tan solo dos denuncias que están pendientes de tramitar.
En 2020 Anticorrupción actuó de oficio. Lo hizo en dos ocasiones. La Oficina resolvió iniciar de oficio una investigación sobre una subvención y para analizar los recursos destinados a la contratación pública de emergencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los procedimientos utilizados, los actores intervinientes y los resultados obtenidos, con el objetivo de averiguar si los fondos públicos destinados a combatir la pandemia del Coronavirus SarsCov 2 pudieron haber sido objeto de una utilización irregular. Por poner un ejemplo, la Consejería de Sanidad contrató a través del bufete Lafuente el suministro de material sanitario sin concurso, sin publicidad y con bastante opacidad, sólo por el hecho de que en ese despacho trabaja una persona de origen chino que facilitaba los contactos con los proveedores del gigante asiático.
DIEZ CAUSAS EN PROCESO
En total fueron 125 las denuncias que se presentaron el pasado año ante la OAIB, un 44 por ciento más que el ejercicio anterior. Este dato demuestra dos tendencias: la confianza que este organismo genera en la ciudadanía para la delación anónima (47 se presentaron de esta manera en 2020) y el incremento de casos de supuesta corrupción que se detectan en los organismos públicos de Baleares. En la actualidad la OAIB tiene diez causas en proceso de investigación, con los escasos medios con los que cuenta; ha finalizado cuatro, con derivación a la Fiscalía y la apertura de actuaciones judiciales; se han archivado veintinueve por no ser concluyentes; y ochenta y una están a la espera de tramitación (pendientes de iniciar el análisis previo de verosimilitud que determinará el inicio del procedimiento de investigación o el archivo).
En la actualidad la OAIB carece de director al cesar el pasado mes de noviembre la persona que hace cuatro años fue elegida por el Parlament, Jaime Far. La responsabilidad de la dirección recae desde entonces en la jefa de área de Investigación e Inspección, Belén Méndez.
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