OPINIÓN | Las finanzas públicas autonómicas cerca del colapso

Ya no podemos elegir cuánto, pero aún sí qué recortar

La tensión política, laboral y social se incrementa, la inquietud se dispara y eso que sólo estamos empezando a probar los primeros tragos de la amarga medicina de la austeridad. Hemos vivido de espaldas al que llevaba los números, disfrutando de la vida de nuevo rico y ahora nos empiezan a decir, de sopetón, que aquello no tenía base, que era todo mentira, que fuimos demasiado lejos. Estupefactos, nos preguntamos si podemos evitar recortes, qué vamos a mantener de lo que teníamos, cómo salvar a las personas, su dignidad, su futuro, que al final es lo único importante. En primer lugar, voy a introducir un dato básico que solemos olvidar respecto a esta crisis y que es definitivo para dimensionar correctamente lo que nos pasa: la ola de austeridad que recorre hoy las autonomías no es el resultado del convencimiento o de los principios, no es consecuencia de que alguien haya dicho que este endeudamiento es insoportable y que es hora de parar, sino que es una obligación inevitable derivada de que se ha acabado el dinero; aterrizamos porque se acabó el combustible, no porque nos guste este aeropuerto. Yo no tengo la menor duda de que si este gobierno pudiera, estaría anunciándonos grandes políticas, inversiones fastuosas, proyectos absurdos y le dejaría el muerto económico al que venga; haría apaños y chapuzas, negaría lo evidente y pensaría que “el que venga que apechugue”. Estamos como estamos precisamente por esto, porque hace ya años que todo el mundo huye de sus responsabilidades, empezando por los ciudadanos que hemos aplaudido sólo a quienes hablaban de beneficios y nunca de costes, a quienes ponían “fil a l'agulla”, o sea tiraban de talonario y no a quienes nos recordaban que todo tiene un precio que alguien ha de pagar. Pero hoy, como ya se apuntaba en los últimos meses de Antich, el problema es ineludible por dos razones: no queda ni un euro y, mucho más grave, no queda quien nos preste dinero. ESTAMOS EN LA QUIEBRA Las razones son simples: hace ya muchos años que el Govern Balear gasta sistemáticamente 700 millones más de lo que ingresa, cubriendo la diferencia con deuda pública. Ultimamente este déficit empeoró seriamente porque los ingresos ordinarios cayeron y entonces hubo que acudir más y más a la banca, empezando por nuestra arruinada caja de ahorros. Pero esto se ha acabado; por ahí anda el conseller Aguiló de banco en banco mendigando 200 millones que nadie le suelta. Entonces, ahora la cuestión es muy simple: no tenemos dinero ni nadie nos presta. Sólo nos queda dejar de pagar nóminas, luz eléctrica o la gasolina de los coches. Todo lo demás ya se ha congelado y ni siquiera pagamos las subvenciones para los minusválidos. ¿En este estado, se puede hacer otra cosa que recortar? Es que ni siquiera podemos optar; es que no son recortes, es incapacidad para pagar. Es que es mejor pedir a alguien que no nos preste un servicio que no pagárselo; mejor que se queden en casa que deberles las nóminas. ¿Alguien tiene alternativas? Es imposible que existan. Comprendo que el cambio de escenario es muy radical, muy inesperado, demasiado repentino y que cuesta adaptarse a la idea de que la Administración está en quiebra, pero eso es lo que se certifica cuando después de dos meses buscando dinero por los bancos el pobre conseller de Economía vuelve cabizbajo y sin un euro. Aquí la austeridad no es una elección responsable, es una imposición; era una opción hace unos años, pero hoy ya es muy tarde. Aceptando, pues, que es inevitable recortar, la segunda cuestión es de dónde. ¿Cómo bajamos el gasto haciendo el menor daño posible? Hoy aún podemos elegir de dónde, pero si no se adoptan estas decisiones, en el futuro los recortes se harán según se vaya acabando el dinero, y eso será mucho más injusto. POCO MARGEN PARA LAS TIJERAS Si usted se sienta en el sillón de Bauzá, verá que no es posible recortar según su parecer. Hay compromisos que se tienen que cumplir sí o sí, porque todo se tiene que enmarcar en el ordenamiento legal. Por lo tanto, hay que ir de a poco y sólo con brocha gorda, porque aquí no funciona la precisión. Veamos de dónde podríamos recortar: el Presupuesto del Govern, como el de todo el sector público, se divide en capítulos, que agrupan diversos conceptos de gasto: El capítulo 3, que es el pago de intereses de la deuda supone un millón de euros al día y aquí no se puede ahorrar, sino que esta partida más bien crece y crece. La Constitución ahora dice que esto es “prioridad absoluta”, o sea que antes cerraremos hospitales que dejar a la pobre banca extranjera sin su dinero (vaya paradoja para los nacionalistas); El capítulo 1, que son los salarios de los funcionarios, también es intocable, por Ley; sólo se puede hacer algo con las horas extras o tal vez otra reducción salarial, tremendamente injusta con muchos, pero poco más; El capítulo 2, que son los gastos corrientes en luz, limpieza, electricidad, alquileres (esto es sagrado y aunque es un desmadre, nadie se atreve ni a acercarse), admite algún recorte, pero nada significativo; Los capítulos 4 y 7 son trasferencias a otras instituciones, intocables porque son compromisos legales. Ahí está el dinero del IB-Salut, de los consells, de los ayuntamientos, de las empresas públicas en pérdidas, que son todas, y de la Universidad, por ejemplo, y las trasferencias a entidades como las que atienden a los minusválidos. Aquí usted se preguntará: ¿cómo, si son intocables, se habla de que se le debe dinero a la Universidad, por ejemplo, o a los minusválidos? Sí, puede que no se haga el pago, pero no se toca el derecho al cobro. Aquí lo que le interesa al Govern es dejar de tener obligaciones de pago. Como no tiene dinero pero sí tiene la obligación, entonces debe, incumple, se retrasa. Están incumpliendo lo que marca la Ley, sin más. Finalmente, queda el capítulo 6 (el 5 no existe), que son inversiones y que ya está seco desde hace tiempo. Primeros fueron inversiones silenciosas, ahora son invisibles. EL HORRENDO ESCENARIO DE FUTURO ¿Entonces cómo ahorrar? Yo no veo nada claro, salvo la cirugía salvaje. Hablan de vender patrimonio, pero ¿cuál? El hospital de Son Espases no es del Govern, está alquilado; la autopista de Manacor, tampoco es propia, sino que está alquilada, con la figura que se llama 'peaje en la sombra', que en realidad es una forma de endeudarse sin que aparezca en los papeles. ¿Qué otra cosa tenemos vendible, que pueda aportar un dinero significativo? Para entender la magnitud de este caos, para adquirir verdadera conciencia de la situación, hay que tener presente que si aplicáramos un recorte de 700 millones de euros anuales, que sería terrorífico, sólo habríamos logrado empatar ingresos y gastos y con suerte. Aún nos quedaría devolver algo de deuda, que está a niveles imposibles de gestionar. Es decir: estamos mal, no tenemos otra solución que abordar el problema, y esto pasa por hacer desastres. Tengo un final para esta película de terror, pero soy escéptico sobre su verosimilitud: para mí aquí únicamente cabe que políticos sin prejuicios, dejándose de echar las culpas los unos a los otros porque igual de irresponsables fueron unos que otros, analicen con rigor las cuentas y adopten decisiones racionales sobre un correcto redimensionamiento de la Administración, basado en eficacia, simplicidad y la atención de los servicios verdaderamente básicos. Así y todo será un recorte brutal y doloroso. Si en cambio dejamos que haya trenes circulando sin pasajeros, que un empleado de la EMT o de SFM pueda ganar 60 mil euros; si aceptamos tener una televisión 'nostra' o si compartimos que pasar de 18 a 20 horas semanales de clases en la enseñanza secundaria es un drama, entonces vamos a tener que sacrificar cosas mucho más serias, mucho más críticas, y al final terminaremos mucho peor. Hoy ya no podemos elegir cuánto hemos de recortar, pero aún sí podemos decidir de dónde. Si no nos ponemos de acuerdo y lo hacemos bien, en el futuro tampoco podremos elegir de dónde y la guillotina caerá sobre quienes estén en los lugares más expuestos, que pueden ser los minusválidos o los profesores de universidad.

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