La pretensión del Govern de Marga Prohens de mantener el alquiler turístico en edificios plurifamiliares en Baleares ha desatado una oleada de críticas por parte de los hoteleros, que no dudan en calificar esta decisión como un grave error. Y con razón. En un contexto de emergencia habitacional, donde la población residente padece la escasez de vivienda asequible, permitir que los pisos turísticos sigan operando en bloques de vecinos es, como mínimo, una irresponsabilidad política.
Por más que la patronal de viviendas turísticas, Habtur, se empeñe en negarlo, la realidad es tozuda: la proliferación del alquiler vacacional en zonas residenciales, especialmente en edificios plurifamiliares, ha contribuido de forma directa y contundente a la reducción de la oferta de vivienda disponible para los residentes. Lo que antes eran hogares de familias, hoy son pisos turísticos, considerados activos especulativos en manos de inversores que priorizan el beneficio a corto plazo, sin importarles las consecuencias de su codicia desmedida sobre la población trabajadora.
La sociedad lleva tiempo reclamando medidas firmes: limitar o, directamente, prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares y destinar esas viviendas al alquiler residencial
El Govern del Partido Popular tiene ahora entre manos un decreto ley que, de haberse enfocado con la necesaria valentía y la sensibilidad social que cabía esperar ante el descontento de la ciudadanía por la carestía de la vivienda, podría haber supuesto un punto de inflexión. La sociedad lleva tiempo reclamando medidas firmes: limitar o, directamente, prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares y destinar esas viviendas al alquiler residencial. No atender esta demanda es ignorar una de las principales causas del malestar social en las islas.
Más allá del legítimo interés del sector del alquiler vacacional, urge poner freno a una actividad que encarece el acceso a la vivienda y empuja a los residentes fuera de sus barrios; por no decir que apenas genera puestos de trabajo y habitualmente precarios y de mala calidad. El Govern no puede continuar priorizando intereses económicos particulares sobre el derecho fundamental a una vivienda digna.
No actuar ahora, cuando aún es posible, tendrá un alto coste: social, por el agravamiento de la crisis habitacional; y político, por el desencanto creciente de una ciudadanía que siente que sus necesidades son sistemáticamente ignoradas, anteponiendo la actividad económica de unos pocos al bien común de la sociedad balear.
Un comentario
Opinión interesante y acertada aunque lo mejor seria permitir el alquiler turistico sólo de habitación en la residencia habitual del propietario, de esta forma no echamos a los residentes alquilados ya que no se pueden destinar al alquiler turisticos esos pisos y estan controladas las fiestas por los propietarios que viven a la vez que distribuimos un poco de los beneficios del turismo entre el pueblo sin daños colaterales.