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Otra vez a las espaldas de los empresarios

lunes 14 de septiembre de 2020, 08:23h

En el ámbito de las PYMEs, que suponen nada menos que el 99,8% del tejido empresarial en España, tener que despedir a un trabajador no supone en casi ninguno de los casos un plato de gusto, ni siquiera cuando se trata de un despido disciplinario. Sentarse delante de una persona con una carta de despido y tener que decirle que se va a la calle es duro y difícil a partes iguales, y eso lo sabe cualquiera que se haya tenido que enfrentar a la situación, a no ser que sea un sádico.

Por desgracia, ha sido interés de muchos el meter a todos los empresarios en el mismo saco, tanto si son multimillonarios que aparecen en la Forbes de España como si son de los que sacan adelante una empresa con diez trabajadores a fuerza de estrecharse el cinturón diariamente. Y eso es muy injusto porque la palabra “empresario” ha adquirido un estigma inmerecido.

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, supongo que conscientes de que era materialmente imposible que el estado soportara económicamente la que se venía encima, el Gobierno trasladó a las espaldas de los empresarios parte importante de la responsabilidad de mantener mínimamente la economía. Y no sólo en términos de mercado, aguantando meses pagando alquileres y suministros teniendo las barreras bajadas, sino también en materia socio-laboral al determinar los positivos de coronavirus como contingencia laboral, con lo que ello supone para el empresario. Las exenciones en materia de cotizaciones por ERTE sólo paliaban en parte la situación.

Así pues, a unos empresarios apaleados, vapuleados y sacudidos por el estado de alarma, las restricciones de movilidad y la recesión económica, ahora se les quiere imponer la prohibición de despedir trabajadores hasta finales de año si han estado en ERTE.

Y ello puede parecer muy bonito y plausible porque da a entender que se protege al trabajador de despidos indiscriminados alegando causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, pero en el fondo, se está desprotegiendo a la totalidad de los trabajadores de un número considerable de empresas las cuales, ante la imposibilidad de realizar algún despido selectivo y justificado, se verán abocadas a un concurso de acreedores o incluso a una quiebra total y cierre, sobre todo con las limitaciones que quieren imponerse para presentar ERTEs nuevos.

Por desgracia, estamos ante una situación en que el enfermo no saldrá indemne, y hay que elegir entre amputar un miembro o dejar morir. Las dos decisiones son dolorosísimas, pero qué duda cabe que una es peor que la otra.
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