Hacienda pone en el punto de mira a aquellos particulares que alquilan viviendas a turistas, ya sea por internet o por otras vías, y sin embargo no declaran los beneficios. Así lo establece el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015 que se acaba de publicar en el BOE, y que determina centrar la atención en la lucha contra la economía sumergida realizando actuaciones para detectar alquileres irregulares no declarados.
Se estima que entre un 20 y un 30% de los turistas que nos visitan, no se acaban alojando en establecimientos hoteleros sino en viviendas vacacionales. Este porcentaje varía mucho según la isla de destino. Sin embargo, esta estimación no cuadra con las viviendas turísticas autorizadas para el alquiler y aún menos con los contribuyentes que declaran a Hacienda la percepción de una renta por alquiler turístico. Este enorme desfase hace que la Agencia Tributaria se ponga por prioridad la lucha contra este tipo de actividad de economía sumergida, tan común en zonas turísticas como Balears y tan injusta para el común de los contribuyentes que sí hacen frente a sus obligaciones.
Nada hay que objetar al alquiler vacacional, por cuanto es un tipo de turismo que busca una oferta muy diferenciada a la que opta por los hoteles. Nada mientras se sujete a la legislación, tanto en materia de calidad turística (de forma que se garantice unos mínimos parámetros exigibles a toda actividad en este sector), como en materia tributaria, declarando los ingresos obtenidos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos. En definitiva, que sean legales y paguen sus impuestos, como todos.
