Los movimientos anti-turismo en Baleares presentan, al menos en una parte considerable, un importante componente de confrontación política. Resulta difícil imaginar que hubieran alcanzado la misma intensidad si el Gobierno autonómico estuviera en manos de las izquierdas. Se autodenominan anti-turismo (Menys turisme, més vida) porque los turistas ni votan ni participan en el debate público, lo que les permite contemplarlos únicamente como meros recursos económicos. Sin embargo, aunque el turismo contribuye a la masificación, no basta para explicarla. El factor estructural es el fuerte incremento de la población residente con su necesidad de movilidad cotidiana, residencial, de servicios públicos y privados, etc.
Por otro lado, nuestro sistema político suele acabar empujando a los partidos de derechas a orientar sus acciones en función de las demandas generadas al otro lado del espectro. Dicho en otras palabras, la derecha balear acostumbra a atender las peticiones de la izquierda.
Uno de los principales síntomas atribuidos a la saturación son los atascos y las retenciones de tráfico. Cada vez son más frecuentes en los accesos a Palma y a otras localidades como Sóller. Esta situación recuerda, a quienes ya tenemos algunos años, aquella otra que se produjo a mediados de los ochenta, cuando circular y aparcar en el centro de la capital empezaba a convertirse en una tarea cada vez más complicada, a pesar de que prácticamente cualquier margen de la calzada y cualquier esquina servía entonces como estacionamiento.
En 1987 Ramón Aguiló gobernaba Cort con un discurso similar al que posteriormente ha seguido defendiendo la izquierda. Esto es, el espacio público debe destinarse prioritariamente al disfrute colectivo y, por tanto, hay que limitar el uso del automóvil privado. Ese mismo año el Ayuntamiento instaló por vez primera 26 parquímetros para regular 4.426 plazas de aparcamiento. No era ninguna innovación. Las películas estadounidenses y británicas nos habían acostumbrado, desde hacía décadas, a esos dispositivos. Desde entonces no ha habido alcalde, sea de izquierdas o de derechas, que no haya mantenido o ampliado las zonas de estacionamiento tarifado.
Hay que tener en cuenta que, a los de izquierdas no les gustan los precios de mercado porque configuran un orden social espontáneo. Prefiere una sociedad diseñada desde el poder político. Es por esto que, alternativamente, aceptan con naturalidad los precios fijados por la Administración, sobre todo, sí ésta es de su mismo color.
Todo ello me lleva a pensar que, si se descarta ampliar la capacidad de las carreteras y tampoco se acepta convivir con la congestión, el siguiente paso será proponer implantar peajes para circular por determinadas vías o hacerlo en determinadas franjas horarias. Dicho de otro modo, me inclino a pensar que, de seguir así, se acabará pagando por movernos en automóvil privado. No me refiero a los tributos que ya penalizan al coche, sino a una nueva tasa que se devengue por el hecho singular de desplazarse por determinadas vías o a determinadas horas.
Como en el caso de la ORA, las “tarifas de congestión” no son una idea revolucionaria, hace tiempo que en numerosas localidades se aplican con más o menos aceptación del público que las soporta.
Efectivamente, cuando aumenta la demanda viaria, por el incremento de población, sólo existen tres alternativas: ampliar las infraestructuras, aceptar los atascos (colas) o racionar su uso mediante un precio. La izquierda balear parece haber descartado las dos primeras, y la derecha parece aceptar esa lógica, por lo que la única opción realmente viable es la tercera. La cuestión es sí la medida vendrá de manos de unos o de otros.
Tal vez se me dirá que el Pacte de Progrés suprimió el peaje a Sóller. Pero eso probablemente fue por una cuestión coyuntural, motivada porque el precio lo cobraba una concesionaria privada otorgada por sus adversarios, y no directamente el Govern, el Consell o, mejor aún, el consistorio del valle.
También se me puede decir que es una medida impopular y que, por tanto, los partidos se resistirán con uñas y dientes a implementarla. ¡Puede ser! Pero siempre se pueden diseñar excepciones o tratamientos preferentes para determinados colectivos de votantes, de manera que éstos se sientan privilegiados por los de su elección.
En definitiva, las carreteras se parecen demasiado a los aparcamientos urbanos, primero fueron las monedas en unos pocos parquímetros para luego extenderse a media ciudad. Mañana puede haber unas pocas carreteras de pago, a las que ir sumando otras a medida se vaya aceptando. Definitivamente, cuando la oferta permanece prácticamente inalterada y la demanda continúa creciendo el desenlace suele ser similar, hay que elegir entre colas (atascos y retenciones) o tarifas.
Seguramente, hoy por hoy, los manifestantes de Ses Voltes protestan sin pensar en ningún tipo de solución, como suele ser habitual, señalan una utopía que les permita identificar un enemigo impersonal a modo de “chivo expiatorio” (el modelo económico). Pero si la incomodidad de las colas realmente sigue creciendo, lo más probable es que en algún momento aparecerá en el panorama político balear un nuevo Ramón Aguiló, y las tarifas de congestión serán una realidad.
