Minuto a minuto la investigación sobre la financiación de la sede del Partido Popular de Balears avanza y va tomando muy mal aspecto. La Guardia Civil ha aportado al juez José Castro los contratos millonarios firmados por el entonces presidente de la SMAP, José María Rodríguez y el constructor Antonio Pinal, señalado por Javier Rodrigo de Santos y Luis Bárcenas. El magistrado sigue la pista de los contratos de obra pública otorgados a Pinal, por si hubiesen sido una contraprestación a la supuesta ayuda en la compra de la sede del PP de la calle Palau Reial.
El juez Castro no tardará en citar al actual presidente de la Junta Local de Palma, José María Rodríguez, quien debería convertirse a iniciativa propia en un cortafuegos para impedir que el incendio alcance a los actuales máximos responsables del partido, quienes en su mayoría (y por supuesto en el caso del presidente del PP regional, José Ramón Bauzá) no tienen nada que ver con la compra de la sede.
Consciente de que este asunto es verdaderamente espinoso para su formación, más aún ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, Bauzá se ha desmarcado en todo lo posible y ha anunciado la máxima colaboración del Govern y del partido con la Justicia, impartiendo instrucciones al respecto. Sin embargo cabe preguntarse si no sería conveniente ir un paso más allá y para curarse en salud, ya que él nada tiene que temer de este asunto, encargase una investigación interna sobre todo lo relacionado con la sede; investigación interna cuyas conclusiones deberían hacerse públicas en todo caso y si de ellas se desprendiese algún ilícito penal, remitirlas a la Fiscalía.
Aunque solo fuera por curiosidad, Bauzá no debería dejar que sea únicamente la Justicia quien esclarezca lo sucedido. Al fin y al cabo, se trata de la sede del partido, la casa de todos los militantes populares. Son demasiadas las sospechas que sobrevuelan esta operación de compra y reforma de la sede como para quedar de brazos cruzados.
