El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente este lunes los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 626 millones de euros, tras un pleno extraordinario marcado por la división política. Las cuentas han salido adelante con los votos favorables del PP y Vox, mientras que toda la oposición ha votado en contra, denunciando un modelo de ciudad que, a su juicio, agrava la crisis de vivienda y prioriza intereses económicos concretos.
La regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha defendido unas cuentas que, según ha afirmado, consolidan “un proyecto político iniciado en 2024” y cumplen tanto los compromisos electorales como el acuerdo programático firmado con Vox al inicio del mandato. Celeste ha definido los presupuestos como “realistas, equilibrados y responsables”, subrayando que garantizan la estabilidad económica de Cort y continúan con la reducción de la presión fiscal sobre familias, autónomos y empresas.
VALORACIÓN DE TODOS LOS PUESTOS
Uno de los grandes ejes del presupuesto es el capítulo de recursos humanos, que alcanza los 215 millones de euros, el mayor de la historia del Ayuntamiento. En este ámbito, Celeste ha anunciado que durante 2026 se llevará a cabo la valoración de todos los puestos de trabajo municipales, un proceso ya contratado que pretende dar respuesta a las reivindicaciones laborales de la plantilla y avanzar en la mejora de sus condiciones.
En materia social, el equipo de gobierno ha destacado el refuerzo de la atención a las personas más vulnerables. El presupuesto destinado a mujeres víctimas de violencia de género crece más de un 30 por ciento, mientras que el programa de acogida aumenta más de un 60 por ciento, manteniéndose el resto de servicios sociales como una de las prioridades del mandato. También se refuerzan las políticas dirigidas a las personas mayores, con una apuesta por la vida activa y saludable.
El presupuesto incluye, por primera vez, una partida de 4,5 millones de euros para el fomento de la vivienda social, que el equipo de gobierno presenta como una respuesta “real” a la emergencia habitacional. En movilidad, el transporte público seguirá siendo gratuito por tercer año consecutivo, se recuperan líneas eliminadas en 2019, como la L20, y se avanza en la renovación de la flota para que sea completamente eléctrica.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS POLICÍAS Y BOMBEROS
En seguridad ciudadana, las cuentas prevén la incorporación de 50 nuevos policías y 12 bomberos, así como inversiones en el parque de bomberos de Magdalena Rigo, ya de titularidad cien por cien municipal. A ello se suma el impulso al programa ‘Palma a Punt’, centrado en la limpieza urbana y la lucha contra los grafitis, y nuevas inversiones culturales y deportivas, como la pista de atletismo, un nuevo pabellón en el Luis Sitjar o la reforma de vestuarios en instalaciones deportivas de la ciudad.
Desde Vox, su portavoz Fulgencio Coll ha justificado el apoyo a las cuentas tras “las oportunas negociaciones”, destacando que incorporan propuestas de su grupo y priorizan bienestar social, seguridad, movilidad e infraestructuras.
RECHAZO FRONTAL DE LA IZQUIERDA
El rechazo de la izquierda ha sido frontal. Desde Unidas Podemos, Lucía Muñoz ha acusado al gobierno municipal de omitir partidas necesarias para cumplir obligaciones legales y de no destinar recursos suficientes para afrontar la crisis de vivienda. También ha criticado la ausencia de políticas claras en igualdad, derechos LGTBIQ+, memoria democrática y defensa de la lengua propia.
En la misma línea, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha ironizado con que en Palma se ha repartido “la lotería del PP”, que —según ha dicho— beneficia especialmente al sector turístico y al inmobiliario, mientras que el portavoz socialista Xisco Ducrós ha denunciado la falta de diálogo y consenso, recordando que ninguna de las cerca de 200 enmiendas presentadas por la oposición fue aceptada.
Ante las críticas por la tala de los bellasombra de Dalt Murada, Celeste ha insistido en que se trata de decisiones técnicas y no políticas, y ha defendido que no actuar conforme a los informes supondría una irresponsabilidad legal.
