Palma necesita viviendas, no demagogia

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el cambio de uso de siete solares municipales para permitir la construcción de unas 1.000 viviendas a precio limitado. La iniciativa, impulsada por PP y Vox, ha desatado una tormenta de críticas por parte de la oposición de izquierdas, que clama por lo que considera un “regalo” de suelo público al sector privado, que ellos tildan de especulador.

Se trata de dos visiones radicalmente distintas sobre cómo afrontar una emergencia habitacional que ya es el principal problema económico y social que atenaza a la sociedad balear en su conjunto.

La izquierda tuvo la oportunidad de aplicar su modelo durante ocho años. Prometió incrementar el parque público de viviendas, limitaciones al alquiler, intervención directa en el caso de grandes tenedores de inmuebles y otras muchas regulaciones que no hicieron sino agravar el problema. Un fracaso absoluto.

El resultado: precios disparados, una oferta menguante y una demanda creciente, con miles de ciudadanos atrapados en la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

Ahora, PP y Vox impulsan una política de vivienda diametralmente opuesta: favorecer la construcción de vivienda, de forma más rápida y con menos obstáculos burocráticos, incentivar la salida al mercado de alquiler de inmuebles vacíos y todo ello en colaboración con la iniciativa privada.

Que los precios bajan cuando sube la oferta no es una teoría neoliberal, es economía básica. Por supuesto, no hay fórmulas mágicas, pero acelerar la construcción —aunque sea en suelo público— con un precio máximo fijado, no parece un crimen, sino un intento legítimo de estimular la obra nueva y con ella, el mercado inmobiliario.

Acelerar la construcción —aunque sea en suelo público— con un precio máximo fijado, no parece un crimen, sino un intento legítimo de estimular la obra nueva

La izquierda tiene todo el derecho a discrepar, pero no puede pretender monopolizar la moral en política de vivienda tras años de inacción o soluciones fallidas. Tampoco puede escandalizarse porque la derecha aplique el programa que le llevó a ganar las elecciones en Baleares en 2023.

Las 1.000 viviendas a precio limitado que el gobierno municipal del alcalde Jaime Martínez (PP) con el apoyo de Vox, han aprobado construir en siete solares municipales de Palma, no resolverán el problema de raíz, pero son una apuesta decidida por hacer frente a la crisis habitacional que sufre la isla entera.

No se trata de elegir entre lo público o lo privado, sino de dejar de discutir eternamente mientras los jóvenes emigran, los vecinos se empobrecen, los barrios se vacían y proliferan los asentamientos chabolistas y las infraviviendas. Sólo la colaboración entre la iniciativa privada y las administraciones públicas permitirá superar la actual situación.

Palma necesita viviendas. Y las necesita ya. La izquierda dice querer resolver el problema, pero se opone a que se construyan más pisos en la capital con argumentos demagógicos y populistas, impropias de un partido que desde hace siete años gobierna el país.