El Ayuntamiento de Palma ha dado un giro de 180 grados en su política frente a la venta ambulante ilegal y el comercio de prendas y objetos falsificados. Lo que durante años fue un problema enquistado, tolerado y hasta normalizado en algunas zonas de la ciudad, ahora se aborda con rigor y determinación.
Las reiteradas actuaciones de la Policía Local, con decomisos constantes y una vigilancia reforzada, forman parte de una estrategia mucho más firme para recuperar el espacio público y garantizar el cumplimiento de la Ley.
La diferencia con respecto a etapas anteriores es evidente. Frente a la permisividad que se respiraba en el Paseo Marítimo, en Playa de Palma o en zonas turísticas del centro, hoy se percibe un Ayuntamiento dispuesto a plantar cara. Y esa actitud se nota.
No solo lo reconocen los comerciantes, hartos de competir en desigualdad frente a quienes no pagan impuestos ni cumplen normativas. También lo agradecen los ciudadanos, que ven cómo se recupera la dignidad de calles y plazas tomadas por tenderetes improvisados de bolsos, relojes o camisetas falsificadas.
El problema no es menor. Detrás de la venta ambulante ilegal y de las falsificaciones hay mafias organizadas que se lucran a costa del trabajo ajeno, que explotan a personas en situación vulnerable y que dañan gravemente la imagen turística de Palma. Combatirlas exige voluntad política, coordinación policial y, sobre todo, mantener la presión en el tiempo. La persistencia es clave.
Detrás de la venta ambulante ilegal y de las falsificaciones hay mafias organizadas que se lucran a costa del trabajo ajeno, que explotan a personas en situación vulnerable y que dañan gravemente la imagen turística de Palma
El camino, por tanto, está bien trazado. Lo que toca ahora es no bajar la guardia. Palma no puede permitirse volver a la complacencia, ni caer en la tentación de mirar hacia otro lado y "dejar hacer", como hicieron otros gobiernos municipales en el pasado. Recuperar el orden en el espacio público, proteger al pequeño comercio y garantizar la legalidad son objetivos que benefician al conjunto de la ciudad. Y cuando las instituciones cumplen con sus obligaciones legales, aumenta la confianza de los ciudadanos en ellas.
Palma, al fin, empieza a enviar el mensaje correcto: aquí la Ley se cumple.
