El Paseo Marítimo de Palma debía convertirse, tras la ambiciosa reforma de la Avenida Gabriel Roca, en un espacio urbano de referencia: moderno, accesible y atractivo tanto para residentes como para visitantes. Sin embargo, la realidad que denuncian los vecinos dista mucho de esa aspiración. Lo que debería ser la gran fachada marítima de la ciudad se enfrenta a una degradación progresiva que amenaza la convivencia, la seguridad y la propia imagen de Palma.
La situación es preocupante por su persistencia. Los problemas de suciedad, deterioro del mobiliario urbano, botellones, ruidos excesivos e incumplimiento de normativas por parte de determinados locales de ocio, han proliferado en los últimos meses. A ello se suma una percepción creciente de inseguridad en horas nocturnas y un malestar vecinal que se ha hecho estructural. Todo ello contradice el espíritu de la reforma y compromete el esfuerzo económico invertido.
Ante esta situación, la respuesta institucional no puede ser ni tardía ni parcial. El Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares, corresponsables de este ámbito urbano y dotados de agentes de autoridad, tienen la obligación de garantizar que la normativa se cumpla de forma estricta. Ello implica intensificar la limpieza y el mantenimiento, reforzar la presencia policial en las horas de mayor conflictividad, controlar el cumplimiento de las ordenanzas por parte de los locales y garantizar que los vecinos recuperen la tranquilidad a la que tienen derecho.
El Paseo Marítimo no puede quedar a merced de la indolencia ni de la permisividad
El Paseo Marítimo no puede quedar a merced de la indolencia ni de la permisividad. No se trata solo de un espacio emblemático desde el punto de vista paisajístico o turístico, sino de un lugar donde conviven miles de residentes que reclaman respeto y orden. Permitir que el deterioro se consolide supondría una derrota para la ciudad en su conjunto.
Palma no puede conformarse con haber ejecutado una obra importante en términos de urbanismo; ahora corresponde velar por su conservación y buen uso. La inversión realizada exige una gestión a la altura. Y esa gestión pasa, de manera ineludible, por la acción firme y coordinada de las instituciones competentes.
