Durante las tres semanas de campaña, los partidos se hacen valer de las herramientas que la Ley pone a su disposición para convencer a los electores de que son la mejor elección. Y durante las tres semanas de campaña, los partidos se hacen valer de las herramientas que tienen a su disposición para convencer a los electores de que los demás son la peor opción. Esto es, para desacreditar a los demás todo vale, legal e ilegal. Sólo se trata de que otro haga el trabajo sucio.
Así pues, elección tras elección nos encontramos con una variedad del “paracaidismo procesal” que supone que algún medio de comunicación destape algún escándalo para hacer sacudir las voluntades populares, sin desvelar si media algún partido político o poder fáctico detrás (las fuentes no se revelan). En esta ocasión ha tocado el turno a Jorge Fernández Díaz y sus conversaciones para utilizar al Fiscal del Estado para acusar a dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya de un delito de prevaricación que él mismo admite que sería hilar muy fino.
Ante esta situación se abren dos posiciones: la de quien hace prevalecer la cuestión material -el contenido de las escuchas- o la que fija su atención en la cuestión formal -cómo se han obtenido. Por poner un ejemplo doméstico: aquella madre que ha encontrado una cajetilla de tabaco rebuscando en un cajón de su hijo adolescente, ¿Qué uso puede hacer de esta información?
Ni que decir que hago referencia a un caso lanzado por un medio de comunicación pero también podríamos recordar, algunas actuaciones de poderes públicos que nos hacen estar con la vena suspicaz hinchada.
En todo caso, lo que molesta es esta utilización o manipulación que hacen o pretenden hacer de nosotros tanto aquellos que utilizan el aparato del Estado para eliminar adversarios políticos como aquellos que, teniendo la información, deciden guardarla para lanzarla como torpedo en la línea de flotación cuando más les conviene y así doblegar mejor las voluntades ciudadanas.
Un cero para los dos.
