La norma aprobada en la Cámara autonómica permite a los actuales concesionarios solicitar prórrogas hasta alcanzar ese límite, a la vez que aumenta el papel de los clubes náuticos y de las marinas y amplía los usos recreativos y comerciales de estas infraestructuras.
También se suprime la obligatoriedad de informe urbanístico del municipio para la edificación y uso de suelo que se lleven a cabo en la zona de servicio del puerto "en el caso de obras exclusivamente portuarias y que no tengan el carácter de sustancial".
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El diputado del PSIB-PSOE Marc Pons ha manifestado que, aunque comparten el alargar la concesión a los clubes náuticos a 50 años, rechazan que se haga también con las marinas, puesto que se están dando "plusvalías multimillonarias a empresas privadas".
La representante de Més per Mallorca Maria Ramon ha afirmado que, aunque comparten "el papel social, deportivo y formativo de los clubes náuticos, la ley "va mucho más allá", puesto que es una reforma parcial "orientada a alargar concesiones" que no aborda retos importantes como la masificación, la sostenbilidad, la democratización o la protección ambiental.
En cuanto a Més per Menorca, Josep Castells ha calificado la ley de "fiasco", a la vez que ha denunciado que las empresas privadas "salen ganando" con su aprobación, mientras que el diputado de Esquerra Unida, José María García, ha asegurado que el objetivo de la norma es "privatizar una parte de la costa".
PP Y VOX LA DEFIENDEN
Por su parte, la diputada de Vox María José Verdú ha afirmado que la reforma responde a una necesidad de actualizar la ley, puesto que después de 20 años, Baleares contaba con un modelo "desfasado".
En la misma línea se ha manifestado el diputado del PP Sebastià Mesquida, que ha explicado que la modificación busca actualizar la ley ante "la evolución del sector en este tiempo" y "no quedarse atrás", a la vez que da "seguridad jurídica"
