El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha lanzado este miércoles un mensaje contundente al Gobierno central: Baleares está al límite y necesita una respuesta inmediata ante la presión migratoria. “Basta ya, Baleares no puede más”, ha afirmado en el Parlament, durante una comparecencia solicitada por el PSIB para examinar su idoneidad en el cargo.
Pavón, que situó la inmigración irregular como uno de los principales retos de las Islas, denunció que la ruta entre Argelia y el archipiélago “ya está consolidada” y que las políticas autonómicas “no serán jamás suficientes” si el Estado mantiene a Baleares como “puerta de entrada” a España y Europa.
Reclamó un refuerzo urgente del Servicio de Inmigración —“me he encontrado un solar”, dijo— y anunció un futuro plan de integración orientado a agilizar trámites y facilitar oportunidades a quienes llegan con voluntad de asentarse legalmente.
El director general también reivindicó la cooperación al desarrollo como herramienta clave para reducir la presión migratoria, defendiendo políticas en origen y visitas regulares a proyectos en países terceros. La Dirección General, añadió, ya trabaja en el plan anual de 2026 y prepara la convocatoria del consejo de cooperación.
Uno de los momentos más tensos de la sesión llegó cuando Pavón respondió a las críticas por haber vinculado inmigración y delincuencia antes de su nombramiento. Negó cualquier generalización, pero insistió en que existen “datos públicos” que no se pueden ignorar.
Citó el informe anual de Seguridad de 2024 y documentos de Frontex, afirmando que 81 personas detenidas en España por vínculos yihadistas en 2024 “pueden utilizar la ruta migratoria para colarse en Europa”. También denunció controles “de apenas cinco minutos” a los recién llegados en patera y pidió más medios estatales. Sobre Frontex, admitió que “no hace maravillas”, pero recalcó que “donde trabaja, bajan los datos”.
La oposición de izquierdas arremetió contra su discurso. El socialista Omar Lamin acusó a Pavón de usar “el racismo como herramienta política” y de estar “más pendiente de confrontar que de gestionar”. Més per Mallorca, a través de Marta Carrió, reprochó al director general haber vinculado inmigración y delincuencia y le advirtió de que los migrantes irregulares “no están ni 48 horas” en las Islas. Carrió fue especialmente dura al acusarle de “banalizar el terrorismo”. Desde Més per Menorca, Josep Castells tildó de “desafiante” su tono y negó que la llegada de pateras esté detrás de la superpoblación.
Por el contrario, Vox respaldó sin matices el enfoque de Pavón: su diputado Sergio Rodríguez exigió “cortar el efecto llamada” y suprimir ayudas a la inmigración irregular. La diputada no adscrita Idoia Ribas denunció la falta de recursos y aseguró que en cinco años “258.615 personas han incumplido la ley de extranjería”.
El PP cerró filas con el director general. La diputada Cristina Gil defendió su idoneidad y cargó contra el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, por aceptar el reparto de menores no acompañados “sin sensibilidad” hacia la saturación que sufren las Islas.
