Tras el despacho veraniego en Marivent con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España mostró a las claras su concepción de lo que significa el respeto institucional.
Estamos ante un político que lidera el segundo partido en número de diputados en el Congreso y en el Senado, que desprecia sistemáticamente los límites del Estado de Derecho y utiliza su posición para ejercer presión política sobre las comunidades autónomas que no controla, que son casi todas.
Pedro Sánchez no acepta que los ciudadanos hayan dado mayorías al Partido Popular en muchas autonomías, entre ellas Baleares. Le incomoda la democracia cuando no le favorece y reacciona con amenazas veladas o directas a los gobiernos autonómicos que rechazan aplicar las políticas de su agenda ideológica de ultraizquierda.
Le incomoda la democracia cuando no le favorece y reacciona con amenazas veladas o directas a los gobiernos autonómicos que rechazan aplicar las políticas de su agenda ideológica de extrema izquierda
Lo hace en inmigración, en vivienda y en todo aquello que se le antoja, sin importar el marco competencial. Lo que no consigue en las urnas, pretende lograrlo con amenazas veladas.
Y lo más grave: lo hace sin legitimidad moral. Sánchez ocupa La Moncloa gracias a un pacto vergonzoso con quienes quieren romper España. Concedió indultos, aceptó una amnistía inadmisible que él mismo negaba por inconstitucional, blanqueó a quienes justificaron durante décadas el terrorismo y ahora pretende dar lecciones desde un pedestal que nadie le reconoce. Es rehén de ERC, de Junts, de EH Bildu, y aun así pretende imponer a gobiernos legítimos y sólidos como el balear las políticas de quienes ni siquiera creen en este país.
El respeto institucional empieza por asumir que no se puede gobernar contra media España. No se puede utilizar el BOE como arma política ni tratar a las comunidades como enemigos. Sánchez ha cruzado demasiadas líneas rojas.
La amenaza no puede convertirse en herramienta de Gobierno. Si lo hace, es por pura debilidad. La misma debilidad que utilizan los separatistas para doblegarle en cada votación en el Parlamento, para alargar su permanencia en el poder a toda costa y sin ningún escrúpulo.
No se puede gobernar contra media España. No se puede utilizar el BOE como arma política ni tratar a las comunidades como enemigos.
El PSOE, acosado por la corrupción de Koldo-Ábalos-Cerdán, el núcleo de confianza de Pedro Sánchez, pretende imponer sus políticas fracasadas allí donde los ciudadanos las rechazaron en las urnas. Y lo hace desde una supuesta superioridad política y moral de la que carece por completo.
Si tan seguro está de que la razón le asiste y que la ciudadanía respalda sus políticas, que convoque elecciones. No lo hace porque sabe que las perdería porque ya sólo le apoyan los diputados que le extorsionan, liderados por el fugado de Waterloo. Los ciudadanos hace ya tiempo que le dieron la espalda. Por eso amenaza.
