El Govern ha alcanzado un acuerdo con ocho municipios —Palma, Calvià, Esporles, Valldemossa, Llucmajor, Deià, Puigpunyent y Bunyola— para establecer una zona de prestación conjunta del servicio del taxi en la bahía de Palma.
Se trata de una medida pensada para mejorar la movilidad, aliviar tensiones en puntos críticos durante la temporada alta y garantizar un servicio más eficiente para residentes y turistas. Sin embargo, la Agrupación Empresarial del Taxi de Baleares ha reaccionado con amenazas de movilización.
La oposición de esta patronal no es nueva. Siempre que se ha planteado alguna medida destinada a modernizar, flexibilizar o racionalizar el servicio, la respuesta ha sido la misma: resistencia frontal.
El problema es que, esta vez, no se enfrentan a una prueba piloto ni una medida improvisada, sino a una decisión tomada de manera coordinada por ayuntamientos gobernados por partidos diversos, que han aparcado diferencias ideológicas para abordar una necesidad común: mejorar el servicio del taxi, eliminar barreras y limitaciones ilógicas, y evitar los injustificables viajes en vacío.
La agrupación que amenaza con movilizaciones representa únicamente a una pequeña parte de las 1.530 licencias afectadas por el acuerdo
La patronal del taxi tiene derecho a defender sus intereses. Lo que ya no es aceptable es que intente hacer pasar esos intereses particulares por el interés general, porque no lo son. De hecho, la agrupación que amenaza con movilizaciones representa únicamente a una pequeña parte de las 1.530 licencias afectadas por el acuerdo.
No habla en nombre de todo el sector, ni mucho menos de los usuarios, que son quienes sufren la escasez de taxis en horas punta, los retrasos en traslados al aeropuerto o la falta de cobertura en muchas zonas residenciales.
Se diría que su postura no responde a una lógica de mejora del servicio, sino al mantenimiento de privilegios. Ante una situación de alta demanda, movilidad saturada e ineficacia del servicio, con la consiguiente insatisfacción de los usuarios, oponerse frontalmente a una medida acordada por los legítimos representantes públicos no sólo es irresponsable, sino profundamente corporativista.
