Perplejo me hallo.
¿Hablo o me callo?
Decidan ustedes si hice bien
al acabar de leer este ensayo.
Y es que estos días leo con estupor y sorpresa los ataques que el gobierno de España está perpetrando contra el sistema educativo. En los inicios de mis colaboraciones en este periódico escribí un artículo titulado "De Finlandia a Singapur".
Ahora lo recupero para defender, una vez más, que los docentes tiene que ser uno de los colectivos laborares más preparados del país. Si tanto defendemos que la educación representa uno de los pilares básicos de esta sociedad, deberíamos coincidir en que los profesores tienen que ser los mejores. En definitiva, deberían asemejarse a un cuerpo de élite de la administración.
De hecho, la nueva Ley de educación debería contemplar la modificación de los requisitos de acceso a la función docente. En países como Finlandia o Singapur, las fases por las que tienen que pasar los profesionales del mundo de la educación son muy estrictas. Prueba de ello, los resultados académicos que obtienen estos paises en las estadísticas mundiales.
Este postulado contraviene la última pretensión del Gobierno de España de eliminar el requisito de la posesión del título del Máster de Formación del profesorado para acceder al sistema. Una locura muy perjudicial para el sistema y los daños colaterales que va a ocasionar tales como la disminución de la mejora de resultados académicos, el efecto llamada de cualquier titulado universitario en busca de un empleo, etcètera.
Y es que eliminar este requisito supone tirar por tierra la esencia del Plan Bolonia. Con la reorganización de las titulaciones universitarias, muchas precisan de este Máster que habilita el ejercicio de la profesión. Esta decisión no puede quedar supeditada al albur del gobierno de un país, sea cual sea.
El segundo ataque de este gobierno al sistema educativo se produce en el momento en el que se anuncia la redacción de un Real Decreto para modificar el articulado de la ley orgánica de educación referida a la obtención del Título de Bachiller.
La pretensión de este gobierno mediocre es que los alumnos titulen en Bachillerato con asignaturas suspendidas. Otra locura educativa y jurídica. Aquí no se trata de dar una lección de derecho ni de sentar cátedra, pero sí de que se imponga el sentido común. Un Real Decreto únicamente puede modificar una ley orgánica si se demuestra urgencia o gravedad del tema a modificar. Precisamente, éste no es el caso. Si se pretende modificar esta ley orgánica el ejecutivo tiene que presentar una modificación parcial de ley orgánica tal y como establece la Constitución Española.
Ahora ya sí que me callo
