La Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) ha reclamado este martes al Ministerio de Trabajo que el nuevo Real Decreto sobre el registro de jornada digital, en plena tramitación urgente, tenga en cuenta la realidad del tejido empresarial español y no imponga “cargas imposibles” a quienes generan empleo.
Desde la federación mallorquina advierten de que “el 99,8% de las empresas” en España son pymes y autónomos, muchos de ellos negocios familiares, de temporada o con plantillas mínimas. “Exigir a todos sistemas electrónicos avanzados y costosos es desconocer la realidad de microempresas con cinco empleados que todavía funcionan con hojas de cálculo, autónomos que apenas cubren costes o negocios que dependen de redes inestables”, sostienen desde PIMEM.
La patronal recuerda además que el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores exige un registro diario de jornada, pero “no obliga a que sea electrónico”, y apunta a que la Constitución protege tanto la intimidad como la libertad de empresa. En la misma línea, subrayan que el RGPD marca que los datos recogidos deben ser mínimos, no intrusivos ni almacenados indefinidamente.
Por ello, PIMEM plantea que se establezcan exenciones y sistemas simplificados para compañías con menos de 50 trabajadores, así como modelos mixtos —manuales o digitales— acordados en convenios colectivos. También alerta de que deben fijarse límites claros en el uso de datos sensibles como biometría o geolocalización, que podrían vulnerar la confidencialidad propia de la actividad mercantil.
La federación considera además “imprescindible” que, en caso de aprobarse el reglamento en su redacción actual, se habiliten periodos de adaptación razonables acompañados de ayudas públicas a la digitalización, evitando que los cambios dejen en desventaja a las empresas más pequeñas.
UN DECRETO EXPRÉS QUE DIVIDE A GOBIERNO Y PATRONAL
El Consejo de Ministros aprobó este martes la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto que endurece el control horario, una norma que el Ejecutivo quiere sacar adelante sin pasar por el Parlamento. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que el nuevo sistema será “digital, objetivo y verificable en tiempo real”. “Se acabaron los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo diga tu jefe”, afirmó, recalcando que la medida busca frenar los abusos. En España se realizan más de 2,8 millones de horas extra no pagadas a la semana, según la EPA.
Entre los cinco cambios clave que plantea el reglamento, destacan el registro obligatorio de todo tipo de jornadas, el acceso inmediato de cada trabajador a sus datos, la imposibilidad de que la empresa modifique registros de forma unilateral y el acceso remoto de la Inspección de Trabajo para vigilar incumplimientos “con un solo clic”.
Mientras los sindicatos UGT y CCOO celebran el refuerzo del control horario como garantía de derechos, la CEOE y federaciones como PIMEM alertan de que la medida puede traducirse en nuevos costes y trabas burocráticas para empresas que ya operan con márgenes ajustados.
Trabajo no descarta que la patronal recurra la norma en los tribunales, como ya ocurrió con otras reformas. Díaz, sin embargo, se muestra tajante, “con este reglamento recuperamos lo más valioso: vuestro tiempo. Paso a paso, hasta que cada minuto trabajado se pague, y cada minuto de vida vuelva a ser vuestro”.
