Anticipar lo que sucederá el año entrante es habitual al finalizar cada ejercicio, pero antes solemos hacer balance del periodo que concluye. Esta costumbre entre los informadores queda bien reflejada con frecuencia entre quienes tenemos el atrevimiento de analizar lo sucedido y avanzar sus consecuencias pero, como los políticos, sin responsabilidad alguna sobre los errores cometidos. El otro paradigma son los presupuestos.
Superar con éxito la reválida parlamentaria anual no es solo concluir el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica durante un período, sino también la cuantificación de las herramientas que un gobierno dispone para dar cumplimiento a sus objetivos. Sin embargo, olvidamos con frecuencia que son, a la vez, un catálogo de prioridades para el Ejecutivo y una potente palanca para la oposición.
La duración del mandato de Rajoy, como recientemente la de Puigdemont, penden del hilo de un acuerdo multipartito que responde a intereses no siempre cómplices con la ciudadanía, como consecuencia de la inoperatividad de prorrogar los presupuestos y la debilidad a la que aboca una falta de entendimiento. La diferencia entre ambos mandatarios es que al inquilino de Sant Jaume le finiquitaría una convocatoria electoral anticipada y el de La Moncloa saldría beneficiado, si le dan argumentos para disolver el Parlamento a partir del 3 de mayo.
Baleares, más acostumbrada a negociar los acuerdos por el cambio a varias bandas, ha dejado aprobado su contenido en la última sesión del año, tras el mercadeo nada transparente que ha enfrentado a los socios del pacto, detonante de la expulsión de dos diputadas de Podemos y de otras contrapartidas cuyos fines desconocemos. Lo que sí ha quedado reflejado en el antiguo Círculo Mallorquín, es que la izquierda no hace lo que predica y pasa a rodillo todas las propuestas que eleva la oposición y para nada busca el consenso que siempre reclamó. De hecho, en el último Pleno, solo se han aceptado 3 de las 363 enmiendas que presentaron los Populares y ninguna de las 95 que registró el Grupo Mixto.
Tampoco es baladí que hayamos escuchado frases grandilocuentes en su tramitación, como "aprobamos un presupuesto de izquierdas para transformar el crecimiento en bienestar", mientras apenas han reparado en el fomento de la economía productiva, pero esa crítica pormenorizada la reservamos para cuando se publiquen en el BOIB las cifras de los créditos y podamos analizar su aplicación.
Lo que sí propongo ahora es retomar nuestro hilo argumental para fijar la atención en el gran despliegue mediático que acompaña la tramitación presupuestaria y la escasa relevancia que se le presta a su liquidación. No es anecdótico descuadrar la caja con inversiones silenciosas y transparentes o que se presupueste diez veces más de lo que se gaste, aunque responda a la electoralista renta social, porque el diagnóstico fue incierto y falsa la hipótesis con la que se sostuvo. Pero rectificar es de sabios y en ese club no deben caber nuestros dirigentes, que prefieren cambiar la Ley para sostener la estrategia de gastar todo lo que disponen, sin afrontar decididamente una elaboración ajustada de base cero, que atienda realmente las necesidades públicas en vez de seguir demorando la imprescindible consolidación fiscal.
Incienso y mirra, no lo sé, pero 4.700 millones de euros valen su precio en oro y mejor será que lo administren sin emular a Carmen Calvo, ministra socialista de Cultura, cuando dijo que “el dinero público no es de nadie”; porque no solo es de todos, sino que debe cuidarse mejor que si fuera de los propios que, tras 28 horas de debate, decidieron cómo repartir nuestro esfuerzo.
Feliz Navidad, por supuesto, pero esperando a saber si podremos tener un Próspero Año Nuevo, cuando conozcamos cómo han gastado los presupuestos que han aprobado los socios del pacto… Huertas, Seijas y Jarabo, incluidos.
