El PP ha reclamado el apoyo del resto de partidos a su propuesta para prohibir el uso del burka en edificios públicos. En este sentido, Sagreras ha subrayado que “el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres forma parte esencial de la integración en nuestra sociedad” y que la iniciativa busca frenar prácticas “profundamente contrarias a los valores constitucionales y a los principios básicos de una sociedad democrática”.
El portavoz popular ha querido dejar claro que la propuesta “no va contra ninguna religión ni contra ningún colectivo”, sino que se posiciona de forma inequívoca “a favor de la libertad real de las mujeres, de su dignidad y de su igualdad”. A su juicio, no se puede aceptar que, en pleno siglo XXI, se sigan tolerando formas de sumisión y opresión que anulan a la persona y vulneran derechos humanos fundamentales.
Sagreras ha advertido de que una mujer que vive bajo un burka “no puede relacionarse con normalidad, no puede expresarse libremente y vive invisibilizada, marginada y deshumanizada”. Por ello, ha insistido en que no se debe permitir que, en nombre de una supuesta diversidad cultural, se normalice en España y en Baleares “una discriminación sistemática contra las mujeres que atenta contra su dignidad y su libertad”.
REFERENTES EUROPEOS
El dirigente popular ha recordado que la iniciativa se enmarca en una tendencia compartida por varios países europeos. Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza han aprobado prohibiciones o restricciones al uso del velo islámico integral en espacios públicos. “España no puede quedar al margen cuando se trata de defender los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres”, ha remarcado.
La proposición no de ley también aborda otras formas extremas de violencia contra mujeres y niñas, como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados e infantiles, prácticas condenadas de manera rotunda por Naciones Unidas, la Unión Europea y los principales tratados internacionales de derechos humanos.
“Cada año, millones de niñas son obligadas a casarse. Cada pocos segundos, una vida queda marcada para siempre por la imposición, la coacción y el miedo. Esto no es cultura ni tradición, es una vulneración flagrante de los derechos humanos”, ha afirmado Sagreras.
Asimismo, la iniciativa reclama un compromiso firme para reforzar los mecanismos de sanción y la persecución penal de prácticas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados.
