Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha confirmado que el decreto ha sido pactado con Vox y será previsiblemente convalidad en el Parlament con sus votos y los del PP.
En concreto, el decreto modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública (de junio de 2022) para prorrogar el plazo del que disponen los funcionarios para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización.
Así, aquellos que accedieron a un puesto de trabajo público sin tener el nivel lingüístico exigido, y que disponían de dos años para acreditarlo, ahora tendrán cuatro años.
145 TRABAJADORES PÚBLICOS
Costa ha argumentado que ambas medidas son necesarias y urgentes para evitar que el Govern tenga que despedir a unos 145 trabajadores públicos, la mayoría (123) de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia.
Por otra parte, se añade una disposición adicional al decreto que marca los requisitos lingüísticos en la sanidad pública para rebajar el nivel de conocimiento que deben tener los celadores.
AGRADECIMIENTO A VOX
El vicepresidente del Govern ha justificado ambas medidas por un asunto de "pragmatismo" y en repetidas ocasiones ha trasladado su agradecimiento a los de Santiago Abascal.
El decreto de medidas extraordinarias y urgentes también marca que las transferencias mínimas anuales vinculadas a las leyes de capitalidad de Palma e Ibiza y a la de reserva de la biosfera de Menorca sean de 33 millones de euros. Asimismo, prevé la posibilidad de financiar el traslado de residuos de Formentera a Ibiza.
VOX SE ATRIBUYE EL ÉXITO
Vox Baleares se ha atribuido el éxito de la aprobación del Decreto Ley de Capitalidad, porque "incorpora exigencias clave para garantizar que el requisito del catalán no sea un obstáculo para acceder o mantenerse en un empleo público", ha expresado el partido ultraconservador en un comunicado.
